Durante el comienzo del período extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa que establece la Ley de la Guardia Nacional y cambia algunos marcos legales vinculados con las Fuerzas Armadas, este lunes 24 de junio de 2025 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y registró una amplia mayoría de respaldo legislativo.
El dictamen fue aprobado en lo general con 349 votos a favor, que venían principalmente de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero 132 legisladores de la oposición, de partidos como el PAN,PRI y Movimiento Ciudadano, mantuvieron su rechazo a la propuesta, no hubo abstenciones.
Si bien se aprobó, esta iniciativa despertó fuertes cuestionamientos debido a la vinculación directa que plantea entre la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual reavivó el debate sobre la militarización de la seguridad pública.
Esta ley representa una consolidación del poder en militarización
Lo más apuntado durante el debate es la subordinación operativa de la GN a la Sedena, bajo el argumento de que se pretende regresar al Ejército el control de una institución que fue concebida como civil, pero según detractores representa una consolidación del poder castrense en tareas de seguridad pública.
La oposición advirtió que permitir a militares en activo postularse a cargos de elección popular mediante una licencia especial, representa un riesgo democrático grande, por eso legisladores del PAN calificaron la reforma como un paso hacia un modelo autoritario disfrazado de estrategia de seguridad.
Algunos defensores del dictamen dentro de la mayoría parlamentaria aseguraron que la estructura jurídica se apega a lo establecido por la Constitución. Sin embargo, los elementos de la GN seguirán actuando bajo principios civiles, pese a tener personal militar.
La creación de la ley específica para la Guardia Nacional
Con esta ley se podrá se formaliza que esta corporación operará bajo el mando directo de la Sedena, pero la estrategia nacional de seguridad seguirá siendo diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la ejecución estará en manos militares.
También, se da por hecho que el presidente de la República será quien encabece el mando civil, y que los elementos de la GN tendrán formación policial, así como certificación en derechos humanos y procedimientos legales entonces la investigación de delitos se llevará a cabo bajo la dirección del Ministerio Público.
Por otro lado, se añade un marco regulatorio para ascensos, seguridad social y faltas disciplinarias que no configuren delitos pero se fortalece la coordinación entre la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
La reforma legal va más allá del dictamen en Diputados
Con esta nueva ley, el dictamen que fue aprobado propone la reforma de seis leyes vigentes y dos códigos legales que están vinculados al ámbito militar. En ese sentido, los cambios más debatidos se encuentran en la autorización para que elementos de la Guardia Nacional puedan ser transferidos al Ejército “por necesidades del servicio”.
Cabe mencionar que el artículo de la Ley Orgánica del Ejército contempla esta posibilidad, pero su incorporación en la nueva legislación llamó la atención sobre el debilitamiento del carácter civil de la GN, pero a esto se suma la inclusión de una licencia especial para quienes deseen participar en elecciones o asumir cargos públicos.
Por su parte, la iniciativa fue elaborada por la Comisión de Justicia, sin la intervención de las comisiones de Seguridad Pública ni de Defensa Nacional, lo que generó malestar entre legisladores que denunciaron una falta de apertura y transparencia en el proceso legislativo. En cuanto a la oposición, hay discursos que calificaron esto como una «ley espía», por considerar que otorga facultades excesivas al Ejército.
