La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Comité contra la Desaparición Forzada, dictó este viernes, medidas cautelares contra el Estado Mexicano por el caso del llamado «Rancho del Horror» en Teuchitlán Jalisco, en virtud de los retrasos en las investigaciones y las permanentes denuncias en las que colectivos de personas buscadoras de desaparecidos señalan la presunta complicidad del gobierno con el crimen organizado para ocultar pruebas y minimizar los delitos cometidos en Jalisco.
Organizaciones civiles brindaron información a la ONU
Las acciones de la ONU, devienen de las informaciones brindadas por las diferentes organizaciones de familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, fundamentalmente a raíz de los múltiples obstáculos que se presentaron para establecer una investigación coherente en el Rancho Izaguirre, donde fueron halladas fosas comunes repletas de restos humanos calcinados.
Al respecto, ya la Organización de Naciones Unidas (ONU), se había pronunciado cuestionando las actuaciones del gobierno de México, cuando aún no se tenian resultados por parte de la Fiscalía General de Jalisco y no se había activado toda la intervención del Gobierno Federal, que posteriormente propuso incluso reformas constitucionales que permitan la identificación de las víctimas de desapariciones forzadas.
En ese sentido, organizaciones civiles como Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora afirmaron que su solicitud a la ONU es la que ha permitido la activación de este proceso por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, de forma que se tenga una mayor protección de las pruebas obtenidas durante el ingreso a este Rancho.
El objetivo es la protección contra las desapariciones forzadas
Esta es la primera vez que se lleva a cabo la activación de este mecanismo de la ONU, basada en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según la cual el Comité asume el resguardo de todas las evidencias encontradas en el Rancho Izaguirre en Jalisco, para luego determinar si correspondería presentar el caso ante la Asamblea Genera de Naciones Unidas.
El CED, debe por lo tanto verificar que se garantice la cadena de custodia de los restos humanos, objetos personales y demás evidencias encontradas en el Rancho Izaguirre y constatar además que los familiares de las víctimas y los colectivos de buscadores de víctimas tengan acceso oportuno y adecuado a la información en torno a las desapariciones forzadas.
Cabe destacar, que las medidas cautelares emanadas desde la ONU, también guardan relación con los hallazgos en otros ranchos, en Jalisco y otros territorios dentro de México donde, al igual que en Teuchitlán, los familiares solicitan que las investigaciones sean exhaustivas hasta lograr la identificación completa de todos los restos humanos encontrados, así como los objetos personales que den razón de sus dueños.
El Comité contra las Despariciones Forzadas ha trazado una hoja de ruta
La ONU ha destacado que la activación de este mecanismo y la imposición de estas medidas cautelares busca brindar apoyo a los familiares de las víctimas, sin tener injerencia en la labor gubernamental de respuesta ante las desapariciones forzadas, no obstante observa que en el caso mexicano este flagelo se encuentra por encima de las capacidades demostradas por el gobierno federal y los gobiernos regionales.
Al respecto, la ONU afirma que su intervención busca trazar las acciones que garanticen la protección de las evidencias, no sólo como informacion a los familiares, sino como elementos que pueden servir para la lucha contra las desapariciones forzadas. Así, pretende ayudar a la gestión gubernamental, que se ha visto retrasada en diferentes oportunidades, dando lugar a cuestionamientos sobre su transparencia en el manejo del caso.
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