El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso crucial para proteger a los ciudadanos, al aprobar por unanimidad una reforma al Código Penal local, para castigar los pinchazos como delito. Esta modificación busca tipificar como delito autónomo la administración oculta de sustancias, es decir, la inserción de cualquier sustancia en el cuerpo de una persona sin su consentimiento. Tal como viene ocurriendo desde hace algunos meses con los pinchazos en el metro y el transporte público en esta ciudad.
Pinchazos generaron una crisis en el metro CDMX
La medida responde directamente a la creciente preocupación generada por los llamados «pinchazos» que se han reportado con alarmante frecuencia en diversos espacios públicos, con un foco particular en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta importante iniciativa legislativa fue el resultado de propuestas conjuntas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada del PRI, Tania Larios.
La urgencia de esta reforma se hizo evidente ante el notorio aumento de denuncias por agresiones con objetos punzocortantes registradas tanto en los vagones como en los andenes del Metro. Las víctimas de estos ataques han descrito consistentemente una serie de síntomas inquietantes, como mareo, somnolencia y una pronunciada desorientación, lo que sugiere la inoculación de alguna sustancia.
El objetivo es elevar la seguridad en el transporte público y zonas concurridas, ofreciendo más tranquilidad a los ciudadanos
Con esta nueva legislación, las autoridades buscan proporcionar un marco legal más robusto para perseguir y sancionar a los responsables de estos actos. El objetivo principal es elevar la seguridad en el transporte público y otros lugares concurridos de la capital, garantizando así una mayor tranquilidad para los ciudadanos. Esta medida representa un compromiso firme para combatir estas nuevas formas de agresión y proteger la integridad de la población.
A quien, sin consentimiento o mediante engaño introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia a una persona sin que esta se dé cuenta, se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y una multa de 50 a 350 días. Este acto ha sido tipificado como delito. La pena se elevará en 2.5 años si la sustancia administrada resulta ser psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica, especialmente si esta acción compromete la vida o la salud de la víctima.
Además, la sanción también aumentará si la víctima forma parte de un grupo de atención prioritaria, como menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Igualmente, si el acto de sumisión química se comete en transporte público, instalaciones públicas o eventos masivos, o si es perpetrado por dos o más personas en un mismo suceso, o si su finalidad es facilitar la comisión de otros delitos, la pena se agravará.
Se propuso aumentar las penas de prisión, multas más altas y operativos de vigilancia reales
Excepto por Movimiento Ciudadano, que votó en contra, las diferentes bancadas del Congreso de la Ciudad de México coincidieron en la importancia de actualizar el Código Penal e incorporar nuevos tipos penales. Se destacó que la administración de sustancias químicas mediante los pinchazos no se limita al transporte público, ya que también se han reportado casos en bares, antros, fiestas y gimnasios.
La bancada morenista reconoció que el Metro carece de mecanismos efectivos para prevenir estos «pinchazos», lo que provoca miedo e inseguridad entre sus millones de usuarios y vulnera su derecho a una vida libre de violencia. Por su parte, el grupo parlamentario del PAN recordó que, inicialmente, se negó la existencia de este problema, calificándolo de «campaña negra». Aunque reconocieron la tipificación del delito como un avance.
Propusieron aumentar las penas de prisión, establecer sanciones económicas más altas y generar operativos de vigilancia reales. En su opinión, es crucial crear mecanismos de prevención, asegurar una respuesta eficaz de las dependencias pertinentes y modernizar el sistema de vigilancia para evitar los pinchazos. Específicamente para el Metro, señalaron la necesidad de un transporte público de calidad y eficiente, donde cada espacio esté dotado de videocámaras y policías capacitados.
