A tres meses de la tragedia en Iztapalapa, la fiscal general Bertha Alicia Alcalde Luján presentó los resultados periciales sobre la explosión en Puente de la Concordia, confirmando que el exceso de velocidad y la falta de capacitación empresarial fueron los detonantes del siniestro. Bajo la gestión de Clara Brugada, las autoridades capitalinas buscan la reparación del daño a las víctimas del pasado 10 de septiembre.
El impacto social que tuvo el incidente de Concordia
Además, la política pública de atención integral del Gobierno de la CDMX identificó que 8 personas presentan secuelas psicológicas tras la exposición directa al fuego, pero el impacto social se extiende a 42 familias y comercios que registraron pérdidas materiales totales o parciales en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa.
En el día en el que se realizó el Desfile de la Policía y el informe detallado de esta tragedia en la conferencia de prensa de Clara Brugada, la fiscal Bertha Alicia Alcalde apuntó que el conductor, quien perdió la vida en el sitio, fue el responsable inmediato del accidente.
«Desafortunadamente, murió por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro», explicó la funcionaria. Sin embargo, el discurso oficial no se limitó a señalar al operador, sino que escaló la responsabilidad hacia la empresa gasera por negligencia administrativa.
La tragedia ocurrió en septiembre: reconstrucción del siniestro
El incidente ocurrió cuando una pipa de gas LP perdió el control al incorporarse a una curva pronunciada del puente, impactando contra los muros de contención, lo que provocó la fractura del tanque, una fuga masiva de combustible y un incendio que consumió todo a su paso.
Bajo este aspecto, los peritajes integrales, que incluyeron análisis de videovigilancia y topografía, permitieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconstruir con exactitud la mecánica de los hechos. Durante la presentación del informe, se aclaró que las condiciones externas no influyeron en el desenlace fatal porque la infraestructura cumplía con la normativa vigente y el clima era estable al momento del impacto.
En ese contexto, las investigaciones descartaron fallas mecánicas previas en la unidad, indicando que el foco debe estar en el factor humano y la responsabilidad operativa de la compañía propietaria del vehículo que dejó el saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionados que aún enfrentan procesos de recuperación.
Incumplimiento de protocolos de seguridad: determina la investigación
Según 270 dictámenes emitidos, el chofer no contaba con la capacitación necesaria para el manejo de materiales peligrosos ni para la navegación en curvas elevadas, pero la postura del gobierno indica que estas omisiones fueron factores de riesgo determinantes que pudieron evitarse con una gestión corporativa responsable y apegada a la ley.
Además, se detectaron irregularidades en el control de las jornadas laborales; la falta de verificación en los tiempos de descanso y los límites de horas al volante habrían mermado la capacidad de reacción del conductor.
Lo que refuerza la necesidad de endurecer la vigilancia sobre las transportistas de energéticos que circulan diariamente por la zona metropolitana, un tema que ya resuena en la agenda legislativa local. Hasta la fecha, se concretaron 143 acuerdos reparatorios entre la víctima y la parte responsable.
Cabe mencionar que el monto total de estas negociaciones asciende a 480 000 000 de pesos, de los cuales 429 000 000 ya han sido liquidados a los familiares de los fallecidos y a los propietarios de negocios dañados. Sin embargo, el proceso legal continúa para deslindar responsabilidades penales adicionales por las omisiones de seguridad detectadas; por eso la fiscalía reiteró su intención de sentar un precedente.