En México, rectores de algunas universidades públicas acudieron a la Cámara de Diputados para entregar sus estados financieros e informes académicos, esto se dio frente a legisladores y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de reforzar la transparencia en el manejo de los recursos por eso las intervenciones de las autoridades universitarias dejaron en claro que hay más problemas financieros.
Se defiende la transparencia: universidades entregan los informes
Durante la sesión, las Comisiones Unidas de Vigilancia de la ASF y de Educación recibieron la documentación auditada de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se destacó la presentación de una Política Integral de Austeridad con 30 medidas, entre las que figuran la eliminación de gastos superfluos y el uso de nuevas tecnologías.
Cabe mencionar que el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia, subrayó la relevancia del convenio firmado con las universidades públicas para reforzar la rendición de cuentas (esta es la decisión de México ante el derecho a la educación). También, recordó que en 2017 y 2018 la ASF detectó irregularidades por 11 mil 700 millones de pesos, aunque atribuyó la mayoría a errores metodológicos que se han reducido en ejercicios recientes.
“Es una actitud responsable con los tiempos actuales, sin sacrificar la calidad educativa”, afirmó el legislador. El auditor superior David Colmenares coincidió en que la entrega de informes refleja compromiso y pidió considerar la fiscalización como una herramienta preventiva, más que punitiva.
Rectores advierten sobre incumplimiento de los estados
Los propios rectores plantearon la situación presupuestal que enfrentan las instituciones, en este punto revelaron la petición formal de un incremento de recursos para 2026, al tiempo que denunciaron que varios gobiernos estatales han incumplido con las aportaciones acordadas en los convenios de colaboración.
La rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, Norma Liliana Galván, señaló que el 97% del presupuesto universitario se destina a nómina, dejando un margen mínimo para inversión en infraestructura, equipo o materiales. “Es un momento coyuntural para que las y los legisladores nos permitan participar en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación”, expresó.
Por su parte, Alejandro Zermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, denunció que entre 2019 y 2024 los estados dejaron de entregar 10 mil 600 millones de pesos, y que solo en 2024 ocho instituciones perdieron 909 millones. En palabras del rector: “En educación no hay gasto, hay inversión. Sin presupuesto no hay crecimiento”.
Los rectores destacaron la precariedad laboral de miles de docentes
Un punto a tener en cuenta es el bajo nivel de cobertura en educación superior, Oswaldo Chacón, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, por ese motivo recordó que México apenas alcanza un 45% de cobertura entre 2019 y 2024, los estados dejaron de entregar 10 mil 600 millones de pesos, cifra que contrasta con países de la región como Argentina o Chile y en el sur del país apenas supera el 20%.
Asimismo, la situación se agrava en el sur del país, donde entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero apenas superan el 20% de cobertura pero según Chacón, sin una asignación adecuada de recursos será imposible alcanzar la meta gubernamental de llegar al 55% en 2030.
Además de los números, los rectores destacaron la precariedad laboral de miles de docentes que trabajan por hora o asignatura sin certidumbre laboral siendo que desde este panorama, afirmaron, que es un obstáculo serio para garantizar la calidad educativa y la expansión de matrícula, por eso la comparecencia de los rectores ante la Cámara de Diputados.
Lo cierto es que el 97% de su presupuesto se consume en nómina, lo que restringe la inversión en infraestructura y materiales (EE.UU negocia un posible acuerdo con esta universidad), los rectores advirtieron que sin un incremento presupuestal en 2026 será imposible cumplir la meta de alcanzar el 55% de cobertura en educación superior para 2030.
