Se espera que la transparencia gubernamental en México mejore significativamente en los próximos años, según proyecciones del programa sectorial. Se estima que para 2028 el puntaje alcanzará un 0.91, y para 2030 se espera llegar a 0.94. Este pronóstico positivo se produce después de una serie de descensos en el indicador, lo que sugiere un futuro compromiso con la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Índice de transparencia podría generarse anualmente
El índice de transparencia gubernamental ha experimentado un descenso constante a lo largo del sexenio de López Obrador. El indicador, que mide los esfuerzos del gobierno federal para garantizar la transparencia y los datos abiertos, registró un puntaje de 0.9 en 2019. Sin embargo, este puntaje bajó a 0.88 en 2021 y a 0.84 en 2023, reflejando una tendencia a la baja.
Se prevé que el descenso continúe en 2025, con una caída abrupta a 0.64 puntos, lo que podría estar relacionado con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A diferencia de la administración anterior, se espera que el cálculo del índice de transparencia se realice anualmente, lo que permitirá un seguimiento más detallado de los esfuerzos del gobierno en esta materia.
Programa anticorrupción revela caída en transparencia gubernamental
El Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, proyecta una disminución inicial en la transparencia gubernamental durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. En efecto, esta tendencia a la baja continúa el declive que inició en 2019, cuando México tenía un puntaje de 0.9 en una escala de 0 a 1.
Este índice, que evalúa el acceso a la información y los datos abiertos, cayó a 0.88 en 2021 y 0.84 en 2023 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se espera que, pese al descenso inicial, el nivel de transparencia se recupere para 2030. La métrica de Transparencia Gubernamental se elaboraba a partir de las Métricas de Gobierno Abierto, un indicador creado por el INAI en colaboración con el Colegio de México, dos entidades independientes.
Sin embargo, el INAI fue formalmente disuelto en marzo pasado y, por consiguiente, sus responsabilidades fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Por esta razón, la objetividad de la evaluación de transparencia ha generado dudas, ya que ahora el gobierno podría ser el encargado de evaluarse a sí mismo, un cambio que podría comprometer la imparcialidad del proceso y sus resultados.
El nuevo plan de gobierno prioriza la honestidad y la eficacia
En este sentido el plan del «segundo piso de la 4T» busca elevar y concretar el bienestar de la ciudadanía al consolidar una nueva visión de anticorrupción y buen gobierno. Esto se logrará a través de una nueva ética en el servicio público, fundamentada principalmente en la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia proactiva en todas las labores gubernamentales.
El programa tiene como objetivo castigar la corrupción, erradicar el derroche y la ineficacia, y generar ahorros públicos que beneficien a la sociedad. Para alcanzar estas metas, se busca democratizar la fiscalización de los fondos públicos, fomentar la denuncia ciudadana y garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, promoviendo así una gestión más eficiente y honesta en todos los niveles de la administración pública.
El programa proyecta que para 2030 se alcanzarán avances significativos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que afianzará un gobierno más sensible y cercano a la gente. Con el cumplimiento de las metas, estrategias y acciones definidas, el objetivo es consolidar un servicio público que beneficie a la sociedad de manera efectiva y sostenible, mejorando el bienestar de todos los mexicanos.
