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Más de 2 mil 300 servidores de la FGR investigados por irregularidades en sus funciones

Por Iramaru H.
11 julio, 2025
en México
servidores

Fuente Quadratin México

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Mediante la revisión realizada a los diversos expedientes penales presentados entre los años 2019 y 2025, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha determinado la presunta vinculación de servidores de la propia Fiscalía General de la República con la comisión de delitos que podrian ir desde abuso de autoridad hasta alteración de documentos y fuga de delincuentes imputados.

Servidores se ven involucrados tras las vistas penales de FEAI realizadas durante los últimos 5 años

La investigación de los 2 378 servidores públicos es producto del trabajo exhaustivo y rutinario que lleva a cabo la FEAI, la cual como parte de sus funciones realiza las llamadas vistas penales, una revisión de los expedientes de investigación y visitas a las oficinas de los funcionarios, donde se hace observación y análisis de sus actuaciones en diversos casos seleccionados de manera aleatoria.

En ese sentido, el Estado mexicano enmarca sus acciones en alcanzar la transparencia en todos los ámbitos de acción, fundamentalmente en aquellos ligados a la impartición de justicia, por lo que es fundamental que los servidores públicos se apeguen a los procedimientos y cumplan con sus funciones atendiendo los principios de honestidad y transparencia de la gestión.

Así, dentro de los más de dos mil servidores investigados en la actualidad se encuentren peritos, funcionarios administrativos, policías federales, agentes ministeriales, agentes del ministerio público, fiscales, delegados, entre otros. Demostrando, así como con las investigaciones llevadas a cabo hacia alcaldes y funcionarios de elección, que la Fiscalía no detiene sus indagaciones en virtud de la importancia relativa de los implicados.

Fallas en el sistema de justicia pudieran ser un evento común

La revisión de las actuaciones de los más de 2 mil servidores deja ver la situación existente respecto al sistema de justicia mexicano, pues los delitos a los que pudieran estarse asociando estos funcionarios tienen relación con la alteración de dictámenes, tortura, abuso de autoridad e incluso tortura. Además abarcan servidores a todo nivel de la administración pública.

Esta situación tiene un amplio impacto en los servidores investigados, sin embargo, surte un mayor efecto en las víctimas que sufren este tipo de tratos al ingresar al sistema de justicia y que terminan sometidos o favorecidos de forma irregular. En ese sentido, la intención es lograr el respeto absoluto al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la guía precisa para los procesos judiciales.

Al respecto, especialistas destacan la importancia de las labores que realiza la FGR y la FEAI mediante las evaluaciones permanentes de sus procedimientos y funcionarios, pues forma parte de las correcciones necesarias en el sistema de justicia, para construir un esquema donde se observe la transparencia, la imparcialidad y la objetividad.

Servidores implicados podrían tener consecuencias civiles, administrativas o penales

De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía Especial de Asuntos Internos, cada uno de los casos se evalúa de manera exhaustiva, determinando si se trata de acciones contrarias a las normas o de omisiones que pudieran afectar el desenvolvimiento idóneo de la administración de justicia. Por lo tanto, la particularidad de cada uno de los casos será evaluado para determinar sus niveles de responsabilidad.

En tal sentido, los servidores implicados pudieran tener consecuencias en el ámbito civil, administrativo o penal, de acuerdo con la gravedad de las comisiones. La FEAI, se encargaría de judicializar los casos que ameriten sanciones más allá de lo administrativo y aplicará las sanciones que apliquen según sea el caso, pudiendo llegar incluso hasta la destitución de los funcionarios.

De esta manera, en lo que va de año, tras las 61 revisiones técnico – jurídicas practicadas, se han judicializado 10 de los casos, lo cual significa que el 16% de los casos tienen responsabilidades penales que deben ser tramitadas ante el Ministerio Público. Así, se envía un mensaje a todos los servidores, pues la Fiscalía investiga y castiga a todos aquellos que se encuentren inmersos en irregularidades.

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