Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa que busca atacar la violencia desde sus raíces, pero la iniciativa junta seguridad, desarrollo social y atención comunitaria, y fue presentada apenas tres días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Un modelo basado en atención a las causas
Hay que considerar que el anuncio llega en un momento clave para el estado, porque está lleno de disputas entre grupos criminales y un escenario político complejo, pero para Sheinbaum aseguró que el plan representa «una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia y respeto a la vida».
El eje central del Plan Michoacán está inspirado en un principio que Sheinbaum aplicó en la Ciudad de México: combatir la violencia atendiendo las causas sociales. La mandataria destacó que el programa pondrá énfasis en la creación de más escuelas, universidades, centros culturales y espacios deportivos para jóvenes, como alternativa a los grupos delictivos.
Por tal motivo, el gobierno federal pretende además revisar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y garantizar salarios dignos, como parte de una estrategia de prevención social. En palabras de Sheinbaum, «la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano».
Sin dudas, el enfoque coincide con las políticas aplicadas en Iztapalapa, durante su gestión como jefa de gobierno, donde se implementaron proyectos de desarrollo social junto con acciones policiales focalizadas, pero esa experiencia, que se usó después en Sinaloa y Guanajuato, sirvió de base para el nuevo esquema michoacano.
La importancia del fortalecimiento de la Guardia Nacional y nueva Fiscalía
El segundo eje del plan se centra en el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la creación de una Fiscalía especializada en Inteligencia e Investigación para delitos de alto impacto. Esta institución, explicó Sheinbaum, trabajará en coordinación con las fiscalías estatales y federales, así como los gobiernos municipales.
Asimismo, toca considerar que el proyecto también prevé una red de mesas de seguridad quincenales, una oficina presidencial en varios municipios y un sistema de alerta para presidentes municipales, porque este último operará como un «botón de pánico» para garantizar una respuesta rápida ante amenazas o agresiones.
De acuerdo con el analista de seguridad David Saucedo, se trata del mismo modelo que el gobierno ha aplicado en Guanajuato y Sinaloa, derivado de las políticas comunitarias impulsadas originalmente en la Ciudad de México. Sin embargo, advirtió que «las condiciones de Michoacán son más complejas, con una presencia criminal territorial que no se compara con la capital del país».
Los desafíos y diferencias que hay con otros estados del Plan Michoacán
Lo cierto es que municipios como Uruapan, centro de la producción de aguacate, enfrentan el cobro de derecho de piso y extorsión como prácticas comunes. Según Saucedo, el Cártel Jalisco Nueva Generación controla cerca del 60% del territorio estatal, lo que complica la implementación de cualquier estrategia de seguridad.
Pero a diferencia de Guanajuato o Sinaloa, en este caso Michoacán cuenta con una geografía fragmentada en 113 municipios y al menos ocho grupos criminales activos. Además, el asesinato de varios alcaldes durante la actual administración ha evidenciado la vulnerabilidad de los gobiernos locales.
La creación de la nueva fiscalía y la incorporación de herramientas tecnológicas para funcionarios buscan revertir esa tendencia, aunque todavía no se ha informado el presupuesto destinado al plan; esto es con el fin de acabar con situaciones lamentables como cuando la presidenta municipal de Cuitzeo, Michoacán, sufrió atentado durante reunión familiar. «Ahí se verá si realmente hay voluntad del gobierno federal de respaldarlo con recursos», señaló Saucedo.