La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado este lunes su vocación institucional por una «justicia abierta». A través de un informe acerca de su trabajo durante el último trimestre, el Alto Tribunal intenta derribar las barreras técnicas propias del lenguaje del Derecho e introducir sus pronunciamientos en la ciudadanía, una alternativa que se suma a la reciente reactivación de sus organismos internos de transparencia.
Resoluciones con un efecto directo en la sociedad
Para ello, ha emitido este día una tarjeta informativa en la que también publican sus boletines mensuales correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2025, y en la que se busca dar cuenta de las repercusiones, sin los tecnicismos de la técnica normativa, de las decisiones que adopta el Pleno de la SCJN y que pueden repercutir en la vida cotidiana social: en salud, educación y seguridad jurídica, entre otros.
El informe da cuenta de un muy intensa actividad jurisdiccional enmarcada por el enfoque de derechos humanos e inclusión. Durante el mes de septiembre, que es el mes en el que arranca esta nueva etapa de la SCJN, el Pleno resolvió un total de 98 casos, destacando las resoluciones sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y criterios referidos a minería, agua e hidrocarburos.
La productividad se incrementó durante los meses sucesivos. Es el caso de octubre, en el cual se resolvieron 272 casos, se tuvo énfasis en el derecho a la identidad, eliminándose así los requisitos desproporcionados para la obtención de pasaportes y en la lucha para poder combatir la discriminación en el ámbito notarial.
Para noviembre, la Corte resolvió 277 casos, destacando una resolución fundamental para los usuarios de los servicios públicos: se reforzó el derecho a una reparación integral, permitiendo a las víctimas de daños causados por el servicio eléctrico demandar de forma directa a las aseguradoras, acortando así la brecha para el acceso a la justicia y complementando la responsabilidad patrimonial del Estado.
Fin de la pausa en materia de transparencia
Este esfuerzo editorial por «traducir» la justicia cuenta con los hechos administrativos concretos que siguen. Se ha reinstalado el Comité de Transparencia de la Nueva SCJN, un órgano que estuvo detenido 863 días, es decir más de dos años y siete meses, y que dejó un saldo de 83 recursos sin resolver.
La renovada instalación del comité (presidido por el ministro Arístides Guerrero García e integrado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el ministro Irving Espinosa Betanzo) tiene como objetivo remediar el incumplimiento previo de la Ley General de Transparencia, ya que, según cifras oficiales, entre 2020 y 2024 se presentaron más de 13 mil solicitudes de información, una demanda ciudadana que está volviendo a contar con un canal institucional de garantía y vigilancia.
Hacia un modelo de «casas de cristal»
La nueva política de comunicación responde a una determinada visión de la legitimidad democrática. El ministro que ocupa el cargo de presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, ha apuntado que, al venir del voto popular, la nueva integración de la SCJN tiene el deber de luchar en contra de la corrupción mediante la apertura total. Por su parte, el ministro Guerrero García ha enfatizado que la Corte debe mostrarse como una «caja de cristal», en donde la transparencia sea el antídoto contra la impunidad y la desinformación.
Con ello la institución ha pretendido invitar a la ciudadanía a consultar los nuevos boletines en su sitio oficial, convirtiéndolos de esta manera, en más que simples documentos, sino en una ventana necesaria para saber qué y como se resuelve en el máximo tribunal del país. Así, cada ciudadano tiene acceso a estar informado de forma completa.