Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, seis funcionarios locales han sido asesinados, lo que subraya la preocupante violencia contra los servidores públicos a nivel municipal. Estos seis alcaldes perdieron la vida en distintas regiones del país, en casos que destacan por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como con conflictos administrativos y tensiones políticas.
3 alcaldes han sido privados de la vida durante el 2025
La situación evidencia un panorama desafiante para la seguridad de los alcaldes y otros funcionarios locales en México. La trágica muerte de Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, marca uno de los casos más recientes, sucedida el pasado 17 de junio. La funcionaria fue abatida en un ataque armado junto a su esposo en la plaza principal de su municipio, un lamentable suceso que resalta la escalada de violencia.
La ola de crímenes contra ediles no se restringe únicamente a Michoacán. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, también fue víctima de un atentado. Su asesinato ocurrió el 15 de junio, durante un ataque directo en el palacio municipal, evidenciando la amplitud geográfica de esta problemática que afecta a los líderes locales en México.
Avances y desafíos en la investigación de vínculos delictivos en Guanajuato
El 6 de junio de 2024, el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, había informado sobre la preocupante existencia de ocho alcaldes y diputados electos vinculados al crimen organizado. El exmandatario había advertido con antelación, incluso antes del inicio de las campañas, sobre el riesgo latente de elegir candidatos con nexos delictivos, enfatizando la gravedad de la situación.
En este sentido, el gobierno de Guanajuato hace votos para que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre estos alcaldes, se apegue a derecho, esperando que se actúe solo cuando logren los elementos necesarios y se eviten procesos acelerados que comprometan los resultados. Esta situación retoma declaraciones previas que ya habían encendido las alarmas en la esfera política.
El proceso de investigación está a cargo del gobierno federal
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, indicó que se trata de un proceso a cargo de la federación. El funcionario destacó que, por su parte, han estado brindando apoyo y acompañamiento en todo lo que se les ha solicitado. Jiménez Lona añadió que no podía ofrecer detalles de la investigación para evitar violar el debido proceso, reiterando que es un asunto que está siendo revisado y manejado por la federación.
Aunque el funcionario no precisó la cantidad exacta de alcaldes y diputados bajo investigación, sí reveló que, hasta el momento, ningún caso ha sido judicializado. Subrayó la importancia de llevar a cabo una investigación cuidadosa por la responsabilidad, recordando el controvertido «Michoacanazo», donde, a su parecer, se generó un tema mediático sin consecuencias de fondo ni avances importantes en la impartición de justicia.
Más funcionarios locales víctimas de la violencia en México
Además de los casos ya mencionados, la lista de funcionarios locales asesinados incluye a Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán, sumándose a las cifras alarmantes que afectan gravemente a la región. La violencia también se ha cobrado la vida de Mario Hernández García, quien fuera el alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, en otro lamentable suceso que eleva el número de ataques contra autoridades municipales.
En el estado de Guerrero, dos figuras públicas más han sido víctimas de la inseguridad: Isaías Rojas Ramírez, edil de Metlatónoc, y Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo. Estos nombres amplían significativamente el panorama de la creciente y preocupante ola de ataques contra funcionarios municipales a lo largo de diversas entidades federativas en México, acentuando la urgencia de medidas efectivas para proteger a los líderes locales.
