El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegó este sábado a 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para contener la violencia en Sinaloa durante la temporada decembrina. Sin embargo, los elementos arribaron a la Base Aérea Militar número 10 en Culiacán con el objetivo de reforzar los operativos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante la crisis delictiva que atraviesa la entidad.
El despliegue de Fuerzas Especiales en Culiacán
Hay que tener en cuenta que la movilización de las tropas federales comenzó a las 10:00 horas desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México; los efectivos fueron trasladados en aeronaves Boeing 737/800 y Spartan C-27J de la Fuerza Aérea Mexicana para integrarse de inmediato a las tareas de vigilancia en la capital sinaloense.
Según el discurso oficial de la dependencia, las unidades de élite realizarán labores de disuasión y patrullajes estratégicos en coordinación con las autoridades locales y la Guardia Nacional; también Sheinbaum presentó el Plan Michoacán. Sin embargo, la misión busca generar un ambiente de tranquilidad para la población civil, actuando bajo los protocolos de la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza.
«Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región», detalló la Sedena en su comunicado oficial. Este arribo no es algo aislado, sino parte de una política pública de seguridad que ha visto la llegada constante de tropas desde noviembre de 2024 porque la persistencia de los enfrentamientos armados obligó a incrementar el estado de fuerza de manera periódica para no ceder terreno ante el crimen.
Datos de la crisis e impacto de la inseguridad regional
Las autoridades buscan asegurar que los corredores comerciales y las zonas urbanas de Culiacán y Mazatlán recuperen la normalidad operativa durante las fiestas de fin de año, pero la situación de inseguridad en la región se agudizó tras la captura de líderes históricos, lo que desató un conflicto interno de alta intensidad.
Asimismo, las estadísticas oficiales reflejan una realidad compleja, registrándose entre septiembre y diciembre de 2024 un total de 2444 homicidios dolosos y 2924 privaciones de la libertad. Además, el robo de vehículos alcanzó las 8631 unidades, lo que evidencia el impacto directo de la fractura criminal en el patrimonio de los ciudadanos sinaloenses.
En el ámbito de las operaciones federales, la resistencia delictiva cobró la vida de elementos del Ejército Mexicano en cumplimiento de su deber. A principios de 2025, un enfrentamiento en la sindicatura de Costa Rica resultó en la muerte de dos militares identificados como Carlos Antonio y Juan Cristian, mientras tres compañeros más resultaron heridos.
Consecuencias políticas y estrategia institucional de seguridad para frenar la violencia
Hasta la fecha, el saldo de las intervenciones incluye 1973 personas detenidas y 159 civiles abatidos en diversas persecuciones armadas en zonas rurales y urbanas. En este caso, la postura del gobierno federal fue la de intervenir quirúrgicamente en las zonas de mayor conflicto para evitar daños colaterales a la población.
Bajo este aspecto, la violencia se disparó tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, cuya confesión de culpabilidad en Estados Unidos confirmó tensiones irreparables entre facciones, lo que genera una ola de inestabilidad que afecta la movilidad y el comercio, obligando al Estado a mantener una presencia militar constante.
Cabe mencionar que el impacto político de este despliegue se centra en la capacidad del Estado para retomar el control territorial frente a la delincuencia organizada, buscando demostrar que las instituciones de seguridad poseen la movilidad y rapidez necesarias para responder a cualquier contingencia de alto nivel. Al ser unidades de Fuerzas Especiales, cuentan con adiestramiento especializado y equipo tecnológico diseñado para operar en cualquier ambiente geográfico.