El panorama en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia ha alcanzado un grado de complejidad extraordinario en el transcurso de las últimas horas, constituyéndose en el epicentro visible de una crisis política y administrativa de carácter federal. Un cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos que alcanza en su seno al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propiciado una serie de cierres obligados de las diferentes líneas de punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), creando un caos logístico del que son víctimas miles de viajeros.
Cierres temporales en el Aeropuerto y reubicación de pasajeros
La magnitud del acontecimiento de interrupción operacional en las instalaciones del aeropuerto de Pennsylvania fue palpable desde las primeras horas del día miércoles 18 de marzo. Los chequeos de seguridad alertaron la situación logística en las terminales. Un agente local informó de la urgencia en sus redes sociales haciendo una publicación en la que decía lo siguiente: «Gran interrupción en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) en el día de hoy».
A esta alarmante reducción de la capacidad operativa se suma el punto de control de la terminal C, el cual ya había cerrado la semana pasada y permanece totalmente fuera de servicio en la actualidad. Ante la gran falta de personal por el cierre parcial del gobierno, las autoridades del aeropuerto confiaron a la prensa que no existía una fecha definida para la reapertura de estos filtros de seguridad.
A pesar de las múltiples cierres, se dejó claro formalmente que las terminales seguían abiertas al público y que los vuelos prosiguieron operándose con toda normalidad. La logística interna fue alterada de forma drástica, todos los pasajeros deben pasar por los controles de seguridad de forma obligatoria.
El efecto económico en los agentes
El bullicio de las enormes filas de los aeropuertos es solo un atisbo de un drama humano que llega mucho más allá del propio de los numerosos trabajadores federales de la seguridad nacional. La causa más inmediata de esa gran reducción de personal es que los agentes de la TSA están legalmente obligados a presentarse en sus trabajos sin cobrar su sueldo. El efecto económico y personal de este estancamiento político ha sido catastrófico para las maltrechas finanzas de las familias que se ven obligadas a contar únicamente con su sueldo del gobierno para cubrir sus necesidades básicas mensuales.
El DHS en un comunicado oficial difundido por la agencia federal, afirma que la mala situación los ha llevado a tomar medidas extremas de supervivencia propia de su propia fuerza laboral: «Los oficiales se ven obligados a recurrir a colectas de alimentos y tarjetas de regalo para sobrevivir».
Presión política y llamamiento para la reapertura
Las comunicaciones del DHS han adoptado un tono extremadamente confrontativo, asignando toda la responsabilidad de los sufrimientos de sus trabajadores a la oposición política en el poder legislativo. La mencionada agencia gubernamental mantiene que la negativa de los legisladores de aprobar los fondos federales necesarios es la única y exclusiva razón de las peligrosas interrupciones que hoy sufren los pasajeros y los trabajadores de seguridad de todo el país.
Con miles de empleados luchando con la incertidumbre económica en sus hogares y con los aeropuertos operando en el límite de sus capacidades logísticas, cada vez el llamamiento se ha vuelto más desesperado desde la cúpula. Las autoridades del gobierno no escatiman en sus potentes exigencias públicas para impulsar la recuperación del orden y la dignidad de sus fuerzas de seguridad del transporte fronterizo y aéreo. En un mensaje directo y sin concesiones, el gobierno federal exigió el fin inmediato del estancamiento financiero dictaminando que «es hora de que los demócratas reabran el DHS y logren que a nuestros oficiales de la TSA se les pague»