La iniciativa propone un recorte considerable en el presupuesto de la Administración de Seguridad del Transporte con el fin de reemplazar a los trabajadores estatales en las terminales de seguridad y los aeropuertos de todo el país por empleados dispuestos por una empresa de seguridad privada, lo que impediría que los aeropuertos se vean afectados por los cierres de gobierno o la falta de consenso en el Congreso en un futuro.
Privatizar la seguridad aeroportuaria
Las entidades federales pertenecientes al gobierno de los Estados Unidos siguen funcionando pese a que todavía no hay una solución definitiva al cierre parcial del gobierno, a partir del cual los trabajadores de varias carteras, especialmente los efectivos de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés), no han recibido sus salarios, lo que llevó a muchos de ellos a rescindir sus contratos definitivamente o simplemente a no presentarse a sus puestos de trabajo.
A pesar de que el Senado logró la aprobación de un plan de financiación, en la Cámara de Representantes sigue sin haber un consenso suficiente para garantizar la liberación de los fondos, mientras los usuarios y viajeros se ven forzados a esperar por horas para pasar por una terminal de seguridad sin garantías de poder abordar sus respectivos vuelos.
En este sentido, desde la Casa Blanca impulsaron una propuesta algo controversial que podría impedir que este tipo de situaciones vuelvan a vivirse en los aeropuertos de todo el país. Como parte del paquete de propuestas de presupuesto para el año fiscal 2027, la administración Trump anunció su intención de privatizar las operaciones de seguridad aeroportuaria gestionadas por la TSA, señalando que, de llevarse a cabo, se podría generar un ahorro equivalente a 52 millones de dólares.
Probar una receta conocida
Esta medida ya fue adoptada por 20 aeropuertos de Estados Unidos, donde los controles de seguridad son llevados a cabo por operadores de empresas privadas a través de contratos supervisados por la TSA, entre los que destacan el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el Aeropuerto Internacional de Kansas City y el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford.
Con la legislación actual, cualquier aeropuerto puede solicitar servicios de control de seguridad privados haciendo la solicitud de aprobación correspondiente a la TSA, que seleccionará a la empresa que se haría cargo en un plazo de seis meses.
A favor de esta iniciativa, los expertos señalaron que la privatización de la seguridad aeroportuaria da mayor seguridad tanto a los trabajadores como a los viajeros ante la posibilidad de ser utilizados como palancas en las disputas del Congreso, condición que se vio reflejada en los últimos días. Las empresas privadas no se vieron afectadas por las ausencias masivas con las que sí tuvo que lidiar el personal de la TSA, ya que sus cheques no dependen directamente de la financiación federal.
Por otra parte, la posibilidad de avanzar en este tipo de privatizaciones siempre se mantuvo latente y es una medida que muestra su efectividad a diario. El ejemplo más cercano es el de NAV CANADA, que ha operado el sistema de control de tráfico aéreo de Canadá desde su privatización en 1996. Además, buena parte de los países europeos también dejan la seguridad aeroportuaria en manos de contratistas privados.
Rechazo desde el sector gremial
Por su parte, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), que representa a cerca de 47 mil agentes de la TSA, ya declaró su total rechazo a la iniciativa de privatizaciones masivas en el sector y la calificó como una afrenta a miles de puestos de trabajo. «Nos tomamos esta amenaza muy en serio y lucharemos para garantizar que no se produzca», declaró una fuente del sindicato.