En un aumento importante de las defensas geopolíticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China hizo público este viernes 26 de diciembre, el Decreto No.19, por el cual sanciona de forma dura a las empresas y directivos del conjunto de defensa de los Estados Unidos. La medida, que ya es eficaz, congela activos y prohíbe transacciones a una veintena de empresas, así como, por otro lado, bloquea la entrada al país a diez directores de alto mando. Esto es en respuesta a la venta de armas por parte de Washington a Taiwán.
Los efectos de las sanciones: activos congelados y veto migratorio
La sanción se apoya en la Ley de la República Popular China contra Sanciones Extranjeras y apunta a dos categorías muy concretas. Por un lado, se condenan a 20 empresas relacionadas con el sector de la industria militar, entre las que se encuentran pesos pesados como Northrop Grumman Systems Corporation, Boeing St. Louis, L3Harris Maritime Services y otras empresas tecnológicas como Skydio (en la lista aparece como Teal Drones, Inc., Red Cat Holdings, etc.). Para tales empresas, el Estado chino ha ordenado que «se congelen sus bienes muebles e inmuebles, y todo tipo de activos dentro de la República Popular China», prohibiendo a cualquier organización o particular dentro del país que realice transacciones o cooperaciones con tales empresas.
En segundo lugar, el decreto tiene como objeto a la primera línea de dirección. Diez altos ejecutivos, incluidos Palmer Luckey (fundador de Anduril Industries), John Cantillon (vicepresidente de L3Harris) y John A. Cuomo (CEO de VSE Corporation), no solo tendrán su activo congelado, sino que se les impide totalmente la entrada a la República Popular China. A esas personas «no se les concederán visas o la entrada a China», de una forma clara que incluye las regiones de Hong Kong y Macao.
La chispa: 11 000 millones para Taiwán
Esta acción diplomática y económica de Pekín se concreta justo una semana después de que la administración estadounidense aprobara un nuevo paquete de ayuda militar para Taiwán, por un valor aproximado de 11 000 millones de dólares. Según los organismos norteamericanos, el objetivo era mantener el equilibrio estratégico de la zona y la seguridad de la isla ante la escalada de las tensiones.
Ahora bien, para la diplomacia china, cualquier esfuerzo militar externo es equivalente a una violación de sus intereses. Desde el Ministerio de Exteriores se precisó que esas represalias son una contestación directa a la comercialización de la armamentística hacia Taipéi, un territorio que China considera como propio. El conflicto se profundiza por los planes de la propia isla, que ha desvelado que quiere destinar 40 000 millones de dólares a fines militares entre los años 2026 y 2033 para reforzar su capacidad de defensa.
Tensión regional y ejercicios militares
En el caso concreto de las sanciones, el contexto era de gran volatilidad en el área del Este de Asia. El ejército chino está claramente en actividad, por medio de maniobras y misiones específicas en aguas cercanas a Taiwán, enviando un mensaje de firmeza hacia cualquier cooperación foránea. A esto se añade la postura de aliados directos de EE. UU., como Japón, cuyo gobierno ha llegado ya a advertir que no descarta inmiscuirse en un eventual escenario de invasión armada a la isla.
La determinación de Pekín por sancionar a actores clave del sector armamentístico de EE. UU. entrañaría entonces una etapa de «confrontación» en las relaciones. Al apelar a su legislación nacional para emprender castigos extraterritoriales y bloquear el acceso a su mercado, China viene a reafirmar el hecho de que cualquier acción que otorga poder militar a Taiwán será considerada como una ofensa a su soberanía.