En un movimiento diplomático que establece un nuevo bloque de presión sobre Sudamérica, los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú emitieron hoy un contundente comunicado conjunto que no sólo reafirmó los principios democráticos de la región, sino que también advierte a las autoridades venezolanas frente a la escalada de violaciones de los derechos humanos.
La vigencia del Protocolo de Ushuaia
La cumbre logró reunir a presidentes como Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá) y al canciller boliviano Fernando Hugo Aramayo Carrasco y también a altos mandatarios de Ecuador y Perú. Allí quedó claro que la crisis de Venezuela ya no es solo un problema interno, es también una amenaza a la estabilidad y a las reglas de juego del hemisferio.
El punto de partida del acuerdo es la ratificación unánime del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. Quienes firmaron este acuerdo no escatimaron en subrayar que la defensa de las instituciones y del Estado de Derecho son «elementos esenciales» de cualquier intento de integración regional.
En el texto, los líderes dejaron claro que el multilateralismo y la articulación de mecanismos de defensa no son meras alternativas, sino obligaciones. Al hacer invocación del Protocolo de Ushuaia, el grupo legitima el aislamiento venezolano tanto legal como políticamente, recordando que el país caribeño sigue suspendido del MERCOSUR precisamente por haber interrumpido la vigencia del orden democrático que es el que se busca proteger con el tratado.
Ultimátum por los Derechos Humanos
El tono del comunicado se recrudece notablemente cuando se refiere a la situación humanitaria. Los seis países expresaron su profunda preocupación por la crisis de la migración y de lo social, pero pasaron de la retórica banal para establecer y recordar explícitamente los pedidos que llevaron a cabo los organismos de las Naciones Unidas.
El bloque le hace un llamado a Caracas para que llegue a cumplir con los estándares internacionales en el corto plazo. El reclamo es puntual: el cese de las «detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas» y la liberación de todos los ciudadanos que estuvieren restringidos de libertad por motivos políticos. El documento no hace más que pedir la libertad y que esta vaya acompañada del respeto del debido proceso y la integridad física de los detenidos. Se centra otorgar la libertad de los ciudadanos privados de ella, sobre la cual las autoridades tienen la responsabilidad directa.
Un frente unido a partir de la vía pacífica
El aspecto que hace la particularidad de este comunicado es, precisamente, la composición política de sus firmantes, que muestra un alineamiento que va más allá de las clásicas fronteras ideológicas y que se encamina hacia la institucionalidad. La inclusión en este grupo firmante el de Estado Plurinacional de Bolivia representa una cierta inercia en la geopolítica andina, y adhiere a la firme postura que ya defendían Buenos Aires, Asunción y Panamá.
Si bien es duro el diagnóstico, y a pesar de los escollos que, de forma ineludible, llevaron a los presidentes y cancilleres a configurar un texto en el que el cierre del documento se da con una firme decisión de buscar una salida no violenta es, a la vez, un resultado paradójico. Los presidentes y los cancilleres coincidieron en el que la salida del conflicto debe ser el pleno restablecimiento del orden democrático en Venezuela, pero advirtieron que ese camino debe recorrerlo por «medios pacíficos», abriendo la puerta a la presión diplomática asfixiante, y cerrando la de las intervenciones externas de fuerza.
Al relacionar la crisis venezolana con instrumentos jurídicos concretos, como el Protocolo de Ushuaia y las alertas de la ONU, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú han lanzado un claro mensaje con el que seguramente no podrá dar la espalda Caracas.