En una nueva medida de la administración de Trump contra los migrantes y quienes sostienen la estructura migratoria, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció restricciones contra ejecutivos de empresas en Uzbekistán con la acusación de que se trata de «facilitadores de visas». El operativo se encuadra en la lógica de Marco Rubio, según la cual la política migratoria debe volver a ser «grande de nuevo», estableciendo más restricciones para acceder a Estados Unidos. Te lo contamos.
Distintas medidas de Trump y Marco Rubio buscan restringir el acceso a EE. UU.
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y definió a Marco Rubio como su secretario de Estado, se ha insistido con la idea de que la visa para acceder a EE. UU. es un privilegio y no un derecho, por lo cual cualquier actividad percibida como amenaza a la seguridad nacional, la política exterior o el orden público debe tener consecuencias concretas: desde la revocación del estatus migratorio hasta la prohibición de entradas en el futuro.
En 2025, el Departamento de Estado informó que alrededor de 85 000 visas habían sido revocadas en el primer año del segundo mandato de Donald Trump, bajo la conducción de Rubio, tanto de estudiantes como visitantes y residentes, por vincularlos a protestas y manifestaciones consideradas «anti-estadounidenses» o relacionadas con cuestiones de seguridad nacional. Un enfoque que se ha trasladado también a la inmigración irregular.
Ahora, cualquier actor que ayude a organizar el tránsito de personas hacia EE. UU., incluso desde países lejanos, se convierte en blanco de sanciones. En el caso de Uzbekistán, la Casa Blanca y la diplomacia de Rubio conectan la presencia de estos «facilitadores» con la expansión de rutas de migración que, en paralelo con el endurecimiento de la frontera sur, buscan colapsar el sistema a través de otros corredores.
Según el Departamento de Estado, la restricción de visas se está “volviendo grande de nuevo”
La frase apunta a la normalización de la restricción masiva de visas como herramienta de política migratoria y de seguridad interna, algo que hasta hace unos años era más excepcional. En 2026, por ejemplo, el gobierno pausó el procesamiento de visas para 75 países con el argumento de estar protegiendo el «bienestar económico» y que quienes ingresan podrían requerir asistencia estatal.
En ese marco, la sanción a los ejecutivos uzbekos aparece como otro eslabón de la misma cadena, para demostrar que el Departamento de Estado no tiene reparos en vetar completamente a ciudadanos extranjeros siempre que se los vea como parte de una red de facilitación de migración irregular.
Fuentes oficiales señalan que dos empresas uzbekas de servicios de viajes planeaban, coordinaban y vendían paquetes de tránsito específicamente diseñados para extranjeros que deseaban migrar a Estados Unidos de manera irregular, con itinerarios que incluían traslados aéreos internacionales y el uso de aeropuertos y puntos de tránsito en Centroamérica.
En consecuencia, el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa específicas contra ejecutivos y altos funcionarios de esas dos empresas de Uzbekistán. La medida se basa en la sección 212 del Acta de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. que permite rechazar la entrada de extranjeros cuya presencia podría tener «consecuencias adversas graves» para la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Los funcionarios afectados ya no podrán obtener una visa para ingresar a EE.UU., y se les prohíbe la posibilidad de reingreso bajo cualquier modalidad, incluyendo turismo, negocios o incluso tránsito, mientras permanezcan bajo la prohibición. En un comunicado oficial, Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, remarca que la administración «no tolerará intentos de socavar la seguridad nacional o las leyes de inmigración» y que el objetivo de estas medidas es desincentivar a otros actores que se beneficien económicamente de la migración irregular.