Después de que el presidente Trump desplegara miles de efectivos de la Guardia Nacional y la Marina como respuesta a las protestas en California debido a las redadas de inmigración, el gobierno de California demandó a Trump por sus acciones. Como resultado el juez Charles Breyer declaró el despliegue como ilegal, pero en la resolución no se ordenó la retirada de los efectivos que permanecen en el estado.
El fallo es el resultado de un proceso judicial que se llevó a cabo desde que el gobernador de California demandara al presidente Trump por una supuesta violación a la ley Posse Comitatus. La decisión del juez no será efectiva hasta el 12 de septiembre.
El proceso legal y el fallo del juez
El mecanismo judicial se puso en marcha en junio, después de que el gobernador Newsom y el fiscal general Rob Bonta presentaran la demanda para detener el despliegue militar. Inicialmente, el juez Breyer, de la Corte de Distrito Norte de California, rechazó la orden de bloquear el despliegue de inmediato, lo que les permitió a las tropas permanecer en el área mientras se desarrolló el caso.
Después de las fases iniciales y que incluso la Corte de Apelaciones del noveno circuito bloqueara la resolución inicial de Breyer sobre el caso, la disputa entró en un juicio que tuvo una duración de 3 días. Así, este martes 2 de septiembre el Juez Breyer emitió la resolución en un documento de más de 50 páginas donde declaró ilegales las acciones acometidas por el presidente Trump.
Un despliegue controvertido
Luego de varias operaciones de inmigración producto de la política migratoria de la administración de Trump, surgió una serie de manifestaciones en contra de estas redadas en Los Ángeles. Debido a esto, el presidente Trump ordenó el despliegue de varios miles de efectivos, tanto de la Guardia Nacional como de los Marines en Los Ángeles.
Según el presidente Trump, este despliegue era necesario para mantener el orden en la ciudad. Sin embargo, el gobernador de California y las fuerzas de seguridad de la ciudad condenaron el despliegue, afirmando que era innecesario y una medida para militarizar la ciudad con fines políticos afines al presidente Trump.
La demanda contra el presidente Trump
El demócrata Gavin Newsom, gobernador del estado de California, respondió al despliegue de tropas ordenado por el presidente con una demanda en su contra, la cual se basó en una supuesta falta de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la intervención militar en territorio nacional, impidiendo que las fuerzas militares realicen arrestos, detenciones, patrullas o control de multitudes sobre la población.
La administración de Trump defendió el despliegue alegando que las tropas solo estaban presentes para proteger a los agentes federales, y no para realizar operaciones de control o supresión contra la población civil, por lo que la Ley Posse no habría sido quebrantada. Sin embargo, el argumento más controversial de la defensa fue el de la supuesta excepción sobre la Ley Posse.
En defensa del presidente Trump, se alegó que la ley Título 10 permite al presidente desplegar si así considera necesario, a la Guardia Nacional en caso de que se cumplan ciertas circunstancias, en este caso, defender la propiedad pública y privada y la integridad física de los agentes federales. Según la defensa, esta ley presenta una excepción que anula las restricciones de la Ley Posse Comitatus.
Por su parte, el estado de California señaló que las acciones del presidente eran ilegales y una violación de la Ley Posse Comitatus, así como también una falta a la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, argumentando que la el presidente abusó de su autoridad para tomar control de las fuerzas de la Guardia Nacional, sustituyendo la autoridad policial.