El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha reafirmado su compromiso inquebrantable de expulsar del país a todos esos individuos que suponen una amenaza evidente para el conjunto de la sociedad de Estados Unidos. Tras el gravísimo caso de la niña Dalilah Coleman, la secretaria del DHS, Kristi Noem, manifestaba públicamente que, bajo la dirección del presidente Donald Trump, se ha dedicado cualquier esfuerzo para hacer justicia por todas las familias impactadas por el delito perpetrado por ilegales. El principal objetivo de esta administración será que las tragedias que estas familias han tenido que sufrir no se repitan en el futuro.
La tragedia de Dalilah Coleman y el historial del conductor
El despliegue de estas regulaciones de seguridad migratoria y de tráfico tiene su origen en un terrible percance vehicular. Dalilah Coleman, una alumna de primer grado, se encontraba en el carro de su progenitor cuando este fue duramente golpeado por un camión (un semirremolque). El suceso se desarrolló en el instante en que el camión, conducido por Partap Singh, circulaba a exceso de velocidad por una zona de obras y no pudo parar ante la circulación automovilística.
Las consecuencias para la pequeña Dalilah fueron devastadoras. Según la información aportada por la Casa Blanca, la niña sufrió una lesión cerebral traumática y parálisis cerebral. Tras la colisión, la niña quedó en estado no verbal y se encuentra actualmente pasando por un largo camino de reaprendizaje en el intento de volver a caminar. Las autoridades han confirmado que requerirá asistencia médica y terapia durante toda su vida.
El causante del siniestro, Partap Singh, es un emigrante indocumentado de la India. El historial de su inmigración muestra que entró en Estados Unidos de forma ilegal a través de la frontera sur en el mes de octubre del año 2022 y fue puesto en libertad posteriormente en el interior del país por la administración de Joe Biden.
El reclamo a los estados y el impulso a la «Ley Dalilah»
A la luz de la seriedad de este episodio, el presidente Donald Trump se agarra de su discurso del Estado de la Unión para pedir al Congreso de los EE. UU. la aprobación de una nueva ley que lleva el nombre de la niña involucrada, la Ley Dalilah, y cuya finalidad es prohibir que ningún estado pueda otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados.
El presidente fundamentó su propuesta aludiendo a problemas de seguridad vial relacionados estrechamente con la barrera del idioma, ya que, según sus propias palabras, muchos, si no la mayor parte de los extranjeros ilegales no hablan el inglés, ni son capaces de leer, por ejemplo, una simple señal de tráfico en las carreteras.
En la misma línea de duras críticas, la secretaria Kristi Noem remarcó el hecho de que las políticas estatales que permiten licencias de conducir comercial pueden estar en el origen del problema. Noem afirmó de manera decidida que la tragedia ocurrida a Dalilah Coleman podría haberse evitado si California no hubiera concedido licencias de conducir comerciales a extranjeros ilegales que, para empezar, nunca debieron estar en el país.
El impacto directo en la comunidad de conductores indios y endurecimiento de medidas por parte de la DHS
Las estadísticas y los informes de la industria del transporte por carretera indican que los indios constituyen una de las cohortes más amplias de conductores comerciales en los estados más importantes de Estados Unidos (Texas y California, entre otros). Más de 150 000 camioneros indios trabajan en distintos puntos de Estados Unidos. La experiencia en este sector de camioneros con semirremolques proviene principalmente de las regiones de Punjab y Haryana, en la India.
El caso de la pequeña Dalilah Coleman ha catalizado un fuerte movimiento político y legislativo desde la Casa Blanca y el DHS para endurecer drásticamente las regulaciones.