El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en conjunto con asociaciones de la sociedad civil, lanzó recientemente una advertencia ineludible sobre la crisis humanitaria que se vive en el seno de los calabozos de la nación. La denuncia adquirió una gravedad mucho mayor este mismo jueves, dado que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aportó cifras al horror: 91 presos políticos padecen enfermedades graves y su deterioro se produce como consecuencia de una estrategia deliberada del Estado.
Un catálogo de diagnósticos mortales: enfermedad oncológica y fallos cardíacos
La abogada y coordinadora general de JEP, Martha Tineo, detalló un panorama asistencial desolador que se aleja a gran distancia de la falta de medicinas. De acuerdo con el documento presentado a EFE, hay al menos 8 casos de cáncer avanzado diagnosticados, tales como adenocarcinoma en próstata, cáncer de pulmón entre otros.
A lo que se añade más de 20 privados de libertad con cuadros de enfermedades cardiovasculares complejos, como el síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias severas. La crueldad del sistema penitenciario se evidencia también en la forma en que se manejan las enfermedades crónicas: «Algunos tienen daño renal irreversible o vienen de sufrir infecciones urinarias durante mucho tiempo, tanto que necesitan permanentemente sondas urinarias o no llegan a recibirlas porque no tienen los recursos para comprarlas», denunció Tineo, siendo un hecho que la propia situación de precariedad en la que se encuentran se traduce en un riesgo inminente de muerte para cualquier privado de libertad.
De la negligencia a la «tortura silenciosa»
González y la organización sostienen que es correcto pronunciar que la deterioración de los detenidos no es una «consecuencia» del estado de crisis en el país, sino una manera de hacer política. La JEP, en un documento que publicó en la red social X, denuncia la «negación de manera sistemática de la atención médica» y las condiciones de insalubridad como un «método de castigo».
«Cuando el Estado transforma la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se instituyen las condiciones de la tortura silenciosa, que exige una respuesta inaplazable», dice la organización. Esta «violencia estructural» vulnera el derecho a la vida y la integridad personal, y transforma la cárcel, en la práctica, en una sentencia de muerte por la falta de asistencia médica.
Alerta internacional y la dimensión de la represión
Esta denuncia local viene acompañada por la reciente advertencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien también denunció esta semana el hecho de que no haya asistencia sanitaria en custodia en Venezuela. Edmundo González destacó que la advertencia de la ONU respalda lo que las familias han gritado durante meses: que la vida de estos ciudadanos está en real riesgo.
La magnitud del tema es enorme. Para Justicia, Encuentro y Perdón, hay 1084 presos políticos en la cárcel, una cifra incluso mayor a la que da el Foro Penal (893), lo que tiene mucho que ver con la opacidad de la documentación de los casos de detenciones arbitrarias. En palabras del presidente electo: «La enfermedad no puede ser un castigo adicional ni un mecanismo de presión» y afirma que esta situación no es producto del azar.
La actividad de Edmundo González y los datos forenses ofrecidos por la JEP pretenden romper la inercia ante lo que entienden como una emergencia humanitaria. Al clasificar la falta de asistencia médica como una forma de tortura y no simplemente como dejadez administrativa, la oposición y la ONG pretenden elevar el costo político del régimen. Cada día que pasa sin asistencia médica significa que la consideración de la «pena de muerte silenciosa» avanza sobre cerca de un centenar de disidentes gravemente enfermos.