En un giro inesperado que tambalea a la energía norteamericana, la administración del presidente Donald Trump ordenó este lunes la paralización inmediata de todos los arrendamientos de los proyectos eólicos marinos a gran escala que están bajo construcción. El Departamento del Interior (DOI) argumentó que «se han encontrado riesgos para la seguridad nacional» tras la conclusión de informes clasificados hace poco tiempo preparados por el Departamento de Guerra. Con este movimiento, la Casa Blanca deja claro que la política energética quedará, a partir de ahora, subordinada a los imperativos de la defensa nacional.
«El deber principal es proteger al pueblo»
El Secretario del Interior, Doug Burgum, fue el encargado de informar la posición oficial mediante un comunicado. «El deber fundamental que corresponde al gobierno de los Estados Unidos es proteger la nación estadounidense», afirmaba el funcionario al adherirse a la política de seguridad de la Casa Blanca, de acuerdo con la cual el gobierno de los Estados Unidos debe proteger, por encima de todo, a su población.
Burgum desarrolla el hecho de que la medida se pone en marcha por «riesgos de seguridad nacional nuevos», entre los que destacó «la rápida evolución de tecnologías adversarias» y «vulnerabilidades» que se producen por la existencia de estos grandes parques eólicos ubicados directamente junto a las comunidades de la costa este de los Estados Unidos. «La administración Trump, siempre priorizará la Seguridad del pueblo estadounidense» admitió el secretario.
Cinco megaproyectos bloqueados
La paralización lleva asociadas cinco de las iniciativas más representativas del sector, cuyos contratos de arrendamiento están sujetos a revisión una vez mantenido el bloqueo. El Departamento del Interior identificó los proyectos afectados: Vineyard Wind 1, Revolution Wind, CVOW (Coastal Virginia Offshore Wind), Sunrise Wind y Empire Wind.
La prohibición permite ganar tiempo al DOI, al Departamento de Guerra y a las demás agencias gubernamentales para abordar en la práctica con los titulares de las licencias y con los socios del estado. El principal objetivo se deriva de la búsqueda en concreto de «valorar la opción de reducir los riesgos para la seguridad nacional» que puedan provocar las infraestructuras analizadas. De esta manera se pretende buscar alguna solución técnica que sea capaz de permitir la coexistencia con los sistemas de defensa. Por el momento no se ha abordado un posible horizonte para restituir las obras.
El tema del «radar ciego»
Más allá de los informes clasificados, el gobierno identificó problemas técnicos ya mencionados como existentes en documentos públicos. El departamento indicó que los informes previos del Estado han recogido desde hace tiempo que las gigantescas aspas de las turbinas en proyectos de gran escala pueden generar interferencias del radar, técnicamente conocidas como «clutter» (desorden).
El presente fenómeno puede oscurecer movimientos de objetivos lícitos y causar falsos positivos en las pantallas de control. Se refiere a un informe del Departamento de Energía del año 2024, donde se concluyó que, aunque es posible disminuir el «desorden» de los radares, esto incrementa un nivel mayor de riesgo: aumentando el umbral del filtro, el radar o el sistema de alerta puede «dejar escapar objetivos reales» y dejar espacios ciegos en la defensa costera.
Con ello, la administración Trump muestra la revalorización de su posición de que la independencia energética no puede conseguirse a costa de la capacidad de defensa. El propio comunicado se cierra asegurando que se han adoptado las pautas necesarias para que se realice el debido monitoreo de los riesgos y deja en claro que «el gobierno de los Estados Unidos conserva su capacidad para defender eficazmente al pueblo estadounidense». Por el momento, la decisión de Trump es contundente. La seguridad es la prioridad, el desarrollo energético puede esperar.