El Departamento de Estado norteamericano confirmó este jueves la puesta en marcha de sanciones contra agentes del régimen Ortega-Murillo, que fueron acusados de colaborar con la consolidación de la dictadura y favorecer el debilitamiento del sistema político para desatar la inestabilidad en la región.
Nicaragua, ¿el próximo objetivo de EE. UU.?
Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y el duro golpe que su detención representó para el régimen chavista, la feroz campaña de la administración republicana contra las últimas células de la izquierda en el hemisferio se puso en marcha, definiendo la segunda etapa de la estrategia geopolítica de la potencia, que comenzó a desplegarse el año pasado con el inicio de la guerra comercial.
A continuación, y en cumplimiento de los vaticinios, Cuba se transformó en el segundo objetivo de Donald Trump, que, decidido a poner fin al régimen comunista que hoy lidera Miguel Díaz-Canel, reforzó el bloqueo económico vigente desde los años 60 con la puesta en marcha de restricciones que obstaculizan el envío de crudo desde otros Estados a la isla.
En este escenario, no fueron pocos los que apostaron por la caída de la dictadura sandinista, caracterizada por sus ideales socialistas y totalitaristas que la aislaron del progreso de Occidente y el progresivo giro a la derecha que dio LATAM en los últimos meses.
A su vez, el dúo compuesto por Daniel Ortega y Rosana Murillo también representa una amenaza para el proyecto M.A.G.A. del conservador, que pretende recuperar el dominio total del hemisferio y ahuyentar las influencias de las potencias orientales en la región, por sus lazos con el bloque de China, Rusia e Irán.
Por este motivo, hacia finales del 2025, el empresario devenido en presidente anunció la imposición de aranceles del 10% a las exportaciones nicaragüenses, que se pusieron en marcha el pasado 1 de enero, con proyección a incrementar un 10% más hacia 2027 y un 15% hacia 2028.
Según DW, desde el gobierno norteamericano justificaron la maniobra alegando información recogida por la Oficina del Representante Comercial (USTR), cuyas investigaciones comprobaron que «el régimen incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua».
EE.UU. denuncia los abusos de la dictadura
Pese a que las medidas comerciales se consideraron «lights», teniendo en cuenta que productos fundamentales como el café y la carne quedaron excluidos de la medida en respeto al Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con República Dominicana y América Central (DR-CAFTA), la gestión republicana volvió a la carga y hoy comunicó la imposición de sanciones contra integrantes del gabinete nicaragüense.
Así lo confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tomy Pigott, quien además difundió el comunicado oficial emitido por el organismo. Según el texto, los funcionarios señalados (cuya identidad no es revelada) serán castigados por haber cooperado con «la consolidación del poder de la dictadura» y por avalar los abusos contra su pueblo.
Como ejemplos del proceder inaceptable de la dictadura, el Departamento describió la represión contra protestas pacíficas, las detenciones arbitrarias y la tortura y el asesinato de opositores políticos, como también la persecución contra el clero católico y el silenciamiento de los medios de comunicación.
Sanción económica para los políticos de Ortega-Murillo
«Las personas sancionadas hoy encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión», sentenciaron desde la cartera. Y, en consecuencia, informaron que la medida implicará el bloqueo de los bienes de los afectados que permanezcan bajo jurisdicción estadounidense.
«Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada», agregaron.
Asimismo, advirtieron a las entidades financieras sobre el riesgo de sufrir penalizaciones en caso de transaccionar con los implicados. Y, para garantizar el cumplimiento de la nueva política, manifestaron que existirán recompensas monetarias superiores a 1 millón USD para quienes comuniquen las infracciones a la Red de Control de Delitos Financieros.