El gobierno de Pedro Sánchez volvió a tomar distancia del Estado de Israel al expresar su desaprobación respecto al proceso de anexión de tierras de Cisjordania que podrían cederse a potestad israelí, hecho que transgrediría los acuerdos internacionales que abordan la problemática de la distribución equitativa del territorio que también disputa Palestina.
Israel, en la mira del mundo
Luego de que el pasado octubre las tropas que responden a las órdenes de Benjamín Netanyahu aceptaran retroceder en el campo de batalla para dar inicio al acuerdo de paz con Palestina, la tensión volvió a escalar en la región al revelarse, a inicios de febrero, que Israel dará inicio al proceso de registro de parcelas que integran Cisjordania para exigir sus títulos.
Con esta maniobra, el gabinete espera hacerse de gran parte de la zona y desafiar nuevamente el arraigo del pueblo palestino en la región. Pues, si bien las comunidades podrían no contar, en todos los casos, con documentos que respalden su propiedad, lo cierto es que habitan, desde hace siglos, el territorio en disputa.
De esta manera, los israelíes pretenden dar curso al tratamiento legal de la anexión de territorios que pasarían a estar a nombre del Estado judío, siempre y cuando no se reporten propietarios con los documentos pertinentes para acreditar la propiedad.
Sin embargo, en pleno conocimiento de las desventajas burocráticas con las que cargan los palestinos, organismos internacionales no dudaron en calificar la estrategia como una maniobra de expropiación que desconoce convenios internacionales y representa una nueva avanzada sobre Palestina.
Tal fue el caso de la ONU que, mediante un comunicado que recogió los dichos de Volker Turk, titular del Consejo de Seguridad, apuntó contra el gobierno israelí por pretender «imposibilitar la viabilidad de un Estado palestino», acelerando la desposesión de los ciudadanos y su migración forzosa.
Por su parte, la Unión Europea condenó la decisión y solicitó a Israel dar marcha atrás en el proceso, insistiendo en que se trata de una apropiación que viola el derecho internacional y atenta contra la normalización de las relaciones entre ambos pueblos, que ya son rivales históricos.
El pronunciamiento de España
En este escenario, distintas autoridades nacionales a lo ancho del globo no tardaron en expresar su firme posicionamiento para prevenir nuevos roces entre Israel y Palestina, y cuidar los progresos diplomáticos conquistados con mediación de Norteamérica.
Tal fue el caso de 8 naciones de Medio Oriente, a saber: Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto, que este martes ratificaron su negativa a acatar la política expansionista israelí.
Mediante un comunicado, los países dejaron en claro que no acompañan las disposiciones de las autoridades del vecino país, considerando que avasallan los derechos soberanos de Palestina y fogonean el conflicto que ya se cobró miles de vidas en los últimos años.
Acompañando el repudio internacional, hace instantes el gobierno de España también manifestó su rechazo a la medida, calificando la maniobra de Israel como una «anexión de facto», que pone en riesgo el futuro del plan de 20 pasos implementado hacia fines de 2025 para dar inicio al fin de la guerra.
«Estas acciones del Gobierno de Israel suponen otra flagrante violación del derecho internacional y de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia en 2024», argumentaron desde la gestión de Pedro Sánchez, que en reiteradas oportunidades se manifestó a favor de la solución de los dos Estados.
Y, en compromiso con su lucha a favor de los derechos de Palestina, detallaron su compromiso de continuar «condenando enérgicamente» la violencia ejercida «por los colonos» que buscan erradicar al pueblo palestino y tomar el control total del territorio.
La tensa relación entre Pedro Sánchez e Israel
Luego de haber posicionado a España entre los primeros países de Europa en reconocer a la Autoridad Palestina como Estado, la enemistad entre Sánchez y el gobierno israelí escaló hasta el punto en el que el representante del PSOE fue acusado por el canciller Gideón Sa’ar de promover discursos antisemitas.
El hecho ocurrió luego de que se dieran a conocer los disturbios ocasionados por manifestantes pro-Palestina en la última edición de La Vuelta, uno de los eventos deportivos más importantes del continente. Sellando un historial de desaires entre las gestiones, el diplomático responsabilizó al presidente español de avalar la violencia contra el pueblo judío.