Washington amaneció durante este martes con una nueva directriz que promete hacer tambalear las relaciones diplomáticas y de seguridad en el hemisferio. Desde el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump decidió dar un paso más en contrarrestar las estructuras criminales de América Latina. No se trata tan solo de sanciones económicas y bloqueos de visas. El gobierno estadounidense ha optado por elevar la amenaza una categoría más, procurando imponer la misma categoría a determinados grupos del crimen organizado transnacional y a los enemigos de la seguridad nacional.
Una evolución en la doctrina que se implementa desde la Casa Blanca
Para poder entender la magnitud del aviso de hoy, conviene observar el contexto legal y político. El esquema que predominaba hasta el presente era tratar a los cárteles y a las bandas paramilitares bajo la Ley de kingpins. La administración Trump ha decidido desempolvar sin embargo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Al ponerla en práctica, Washington abandona el punto de vista del simple comercio de la droga y pasa a concebirlos como amenazas existenciales capaces de derrocar gobiernos y sociedades enteras mediante el terror y la violencia sistemática.
El aviso, puesto formalmente en el sitio web del Departamento del Tesoro, pone de manifiesto un cambio respecto de la gestión anterior. Si consideramos que el gobierno de Joe Biden ya había aplicado sanciones a cabecillas individuales, esta nueva manera de abordar el asunto toma como objetivo la estructura completa, llamándola con epítetos que normalmente solemos reservar para los grupos yihadistas o las milicias radicales de Medio Oriente para asfixiar sus redes de lavado de dinero y criminalizar toda intención de legitimación política que buscan los grupos desde sus países de origen.
El golpe de efecto: «Terrorista Global Especialmente designado»
Confirmada finalmente la noticia mediante la declaración oficial que Marco Rubio firmó hoy: el Clan del Golfo ha sido designado oficialmente por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization: FTO). Esto significa volver a poner al clan criminal más poderoso de Colombia en la misma lista negra que ya figura Al-Qaeda, ISIS, etc. «El Clan del Golfo es una organización criminal violenta, poderosa y con miles de miembros», declaró Rubio, que no dudó en comentar que el motor del funcionamiento del Clan del Golfo es el tráfico de cocaína, y que de ahí lo utilizan para financiar atentados contra funcionarios, policías y civiles.
La designación no es un mero símbolo. Esto tiene efectos jurídicos inmediatos y devastadores para las organizaciones y la operatividad internacional. Al ser declarados como «Terroristas Globales Especialmente designados» (SDGT), automáticamente se bloquea el acceso a los activos que el grupo posea bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de EE.UU. hacer una transacción con ellos.
Un misil al hilo de la «Paz Total»
El momento político en el que se produce esta designación no podría ser más delicado. Delicado y tenso para Colombia. En tanto que en Washington ponía la firma del decreto ejecutivo, delegados del Clan del Golfo y miembros del gobierno de Gustavo Petro mantenían conversaciones de paz en Qatar. Se trata de una estrategia del mandatario colombiano que abarca hasta agosto de 2026 y que ha dado la batalla al menos por diálogo y por la paz.
La maniobra de Washington traza una nueva línea de partida. En primer lugar, porque cierra las puertas de la legitimación política al Clan del Golfo, y segundo, porque en su juego lleva a Colombia a elegir entre una negociación con terroristas certificados. Con esta categoría, el margen de maniobra política se reduce enormemente, dejando nítidamente claro que, para el gobierno de Trump, el único camino que se acepta para el Clan del Golfo es una celda.