Este domingo, Washington se despertó con la noticia que ha caído como un rayo en la compeja y fracturada política migratoria del país. Estados Unidos, ha pausado de manera indefinida la emisión de todas las decisiones sobre solicitudes de asilo pendientes, una medida que ha desencadenado una ola de incertidumbre y temor entre millones de personas en suelo estadounidense.
Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración se ha tomado como medida con el pretexto de garantizar nuevamente la seguridad en la nación
Este anuncio, que se ha difundido rápidamente por las principales agencias de noticias, se produce tras el reciente ataque en la capital de Estados Unidos. En las cercanías de la Casa Blanca, un ciudadano proveniente de Afganistán perpetró un ataque contra miembros de la Guardia Nacional, dejando dos oficiales fallecidos, como saldo de su acción.
En ese sentido, el Director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, fue el encargado de lanzar el comunicado. En una publicación de redes sociales, Edlow, ha declarado que USCIS ha detenido todas las decisiones de asilo hasta que se pueda dar garantía de seguridad, haciendo que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible. Aseguró que la prioridad es la seguridad del pueblo de los Estados Unidos.
La pausa administrativa ha afectado de manera repentina a un volumen monumental de casos
Luego del ataque en las inmediaciones de la Casa Blanca, se conoció que el atacante había ingresado al país debido al asilo solicitado tras abandonar Afganistán, luego de que el Talibán tomara el poder de la nación. Por lo que, la suspensión de asilos es inmediata y tomada como una medida que pretende proteger la seguridad de la nación.
Esta decisión, que paraliza en un limbo jurídico sin fecha de caducidad a millones, se alinea con una narrativa de investigación extrema y endurecimiento de las políticas migratorias que ha promovido la administración actual del presidente Donald Trump. El American Immigration Council (AIC) ha dado estimaciones guiadas por datos recientes, la cuales aproximan a más de dos millones las solicitudes de asilo que estaban pendientes de resolución.
Esta orden afectará el flujo de migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos
Se asume que el objeto inicial de la decisión sería la revisión de las Green Cards y la suspensión de visas para pasaportes de países específicos, como Afganistán o aquellos considerados como el “Tercer Mundo”, incluyendo a Cuba, Venezuela y Haití en Latinoamérica. No obstante, desde dentro de la institución se ha confirmado que la medida se ha extendido a la totalidad de los casos, sin importar la nacionalidad del solicitante.
Esta ofensiva migratoria podría no solo aplicarse en los casos solicitantes. La administración ha insinuado la posibilidad de iniciar una revisión retroactiva de las residencias, o Green Cards, ya otorgadas a asilados y refugiados. Con esto, el gobierno de Estados Unidos busca detectar posibles fraudes o amenazas a la seguridad nacional que hayan pasado inadvertidas en verificaciones anteriores.
Reacciones ante la medida: desde la indignación hasta el respaldo
La orden, ya ha tenido respuesta por parte de entes que han mostrado indignación, como ONG´s y abogados de inmigración, quienes han calificado la orden como una reacción «apresurada y de alto impacto legal» ante un incidente aislado. Subrayan también que se viola el principio de debido proceso y contraviene las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de refugiados.
De la misma manera, esta suspensión ha tenido un efecto dominó en otras categorías. Sus consecuencias, se han sentido en forma de recortes de beneficios fiscales y una mayor revisión de remesas para indocumentados. Programas especiales para migrantes de países como Haití y Venezuela han sufrido pausas o cancelaciones, creando un ambiente de hostilidad administrativa generalizada contra la población migrante.