La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) corroboró que poco más de un tercio de las acciones recogidas en los planes nacionales de biodiversidad depende de los sistemas agroalimentarios. Analizando 78 Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB), se constató que, de las 12 332 medidas asumidas a nivel mundial en dichos instrumentos, el 36 % están en condición intrínseca de la producción agrícola, ganadera, forestal y de la acuicultura. Este significativo hallazgo indica que, cada vez más, los países empiezan a considerar las cadenas de suministro como lugares no solo de impacto ambiental, en sus vertientes y dimensiones, sino como la principal vía de solución para detener la pérdida de especies bajo las premisas que establece el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF).
El peso de la producción de alimentos en las estrategias nacionales
La observación del documento deja entrever una dependencia estructural innegable. El 63 % de los objetivos nacionales (si hacemos las cuentas, nos da la nada despreciable cifra de 1124 objetivos específicos) están implementados a partir de una o más acciones vinculadas con el sector primario. Las intervenciones están dirigidas a adecuar las prácticas de producción en el marco de un escenario donde el inestable cambio climático evidencia la amenaza como tal para la seguridad alimentaria del planeta: intensas sequías calan hasta los cimientos de los cultivos y en regiones agrícolas muy comprometidas, las olas de calor hacen superar sistemáticamente los 100 °F a los termómetros.
Adaptar los cultivos para que aguanten la rigidez del estrés térmico sigue siendo un paso sustancial para prevenir el naufragio científico de nutrir a las personas y proteger a la fauna del entorno. A nivel sectorial, todos los 78 planes que han analizado incluyen acciones explícitas destinadas a una agricultura en solitario o bien en compañía de otras grandes economías. La silvicultura y la pesca están profundamente intercaladas, encontrándose en el 90 % de los planes.
Alineamiento de las ambiciosas metas fijadas en el Marco de Kunming-Montreal
Conjuntamente, las medidas agroalimentarias adoptadas por los países se alinean directamente con los 23 objetivos globales planteados para 2030 en el marco del histórico tratado internacional de Kunming-Montreal. Al mismo tiempo que la Meta 10 (fomentando las medidas orientadas hacia la mejora de la sostenibilidad de la industria agropecuaria, la acuicultura y la silvicultura) también se potencia con firmeza el camino de trabajo de otras metas. Como por ejemplo, la Meta 2 con su compromiso de restaurar ecosistemas degradados en serios casos, como son millones de acres de tierras deforestadas o sometidas a una explotación excesiva.
Esta idea transversal manifiesta la singularidad de los sistemas agroalimentarios y los beneficios paralelos o «cobeneficios» genuinamente inestimables. Las intervenciones reflejadas en los planes nacionales muestran la enorme potencialidad que poseen para promover resultados positivos para la biodiversidad y al mismo tiempo mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición en su totalidad y la subsistencia de las poblaciones rurales. La FAO subraya que la modernización del sector a través de la integración de la protección ecológica en las políticas representará el mejor medio de poder afrontar adecuadamente la amenaza.
Discrepancias regionales y el papel de liderazgo en políticas transversales
No obstante, más allá del ámbito general de garantía existente respecto a la existencia de la categoría alimentaria, la proporción adecuada de las mismas puede variar notoriamente según la realidad de cada uno de los estados, ya que va desde el 9 % hasta el 80 % del total de las actuaciones ambientales. La pauta estadística demuestra que el mayor grupo de estados, con el 65 % de los casos, ubica sus acciones agroalimentarias desde el 21 % hasta el 40 % de su respectiva cartera de acciones. Estas diferencias tan marcadas son un fiel reflejo de las dispares prioridades estatales, de las realidades económicas de base y de la capacidad institucional real para poder enterar esfuerzos ministeriales.
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