Este martes 19 de agosto, se aprobó la ley que obliga a todo funcionario público que ostente un cargo en el gobierno a someterse a un examen toxicológico por lo menos una vez al año. La ley fue aprobada en horas de la tarde en la Cámara de Diputados de Chile, e impide de manera tajante el consumo de drogas ilícitas a cualquier autoridad, incluyendo al presidente del país, ministros y legisladores.
La aprobación de la nueva normativa
El proyecto de ley busca salvaguardar la integridad que representa ejercer un cargo en la administración pública y evitar cualquier tipo de intromisión en las esferas más altas de poder, cualquier persona que pueda estar ligada al mundo de las drogas. La ley fue promovida, alegando que una persona con adicción o tendencias al consumo de drogas ilícitas en el poder genera un alto riesgo de corrupción.
El proyecto fue aprobado el 23 de abril y regresó a la comisión de gobierno para descartar indicaciones que proponían cuatro pruebas al año, impulsada por las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada. Ahora, la Sala de la Cámara de Diputados votó a favor de la iniciativa en dos ocasiones en donde hubo una abrumadora mayoría de votos a favor con 115.
Una vez que haya sido aprobada por la Cámara de Diputados, la ley pasará al senado donde se continuará la discusión y las votaciones, siendo este el segundo y último trámite constitucional necesario para la promulgación de la ley. Una vez en el senado, la ley podría recibir nuevos cambios por lo que el proyecto aún no está definido en su totalidad.
El alcance de la nueva ley
La normativa planteada, obliga a que los funcionarios públicos presenten una declaración jurada y un examen médico en donde se confirme la ausencia de consumo de sustancias sicotrópicas o estupefacientes ilegales. Según su normativa, no se podrá presentar candidato a cualquier cargo electoral aquellas personas que presenten dependencias de drogas ilícitas.
El laboratorio en el que se realice la prueba deberá ser aprobado por el ministerio de la salud y cumplir con ciertos estándares internacionales. Los resultados de las pruebas serán públicos y cualquier persona tendrá la capacidad de acceder a ellos desde el sitio web de la institución correspondiente. En caso de un positivo, el funcionario será inhabilitado y deberá abandonar su cargo de inmediato.
La norma abarca incluso al cargo de Presidente
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto de ley obliga la prueba toxicológica hasta en autoridades del más alto nivel. Incluyendo al Presidente de la República, senadores y diputados, subsecretarios, jefes superiores de servicio y directivos, delegados presidenciales, gobernadores regionales consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Uno de los motivos por los que han promovido esta ley, es la necesidad de llenar un vació en las normas respecto a las sanciones, sobre todo para aquellos que se rehúsan a presentar los exámenes toxicológicos, ya que a menudo cuando alguien se niega a someterse a la prueba no resulta en una sanción efectiva. Así, al volver las pruebas se podrá hacer obligatoria su presentación ante la ciudadanía.
La fiabilidad de las pruebas y la crítica al proyecto
Aunque los avances científicos son enormes y continúan día a día, las pruebas de toxicología como los exámenes de orina, puede producir falsos positivos, siendo necesaria la implementación de pruebas más estrictas como la cromatografía de gases o la espectrometría de masas para disminuir el riesgo de estos resultados erróneos. De manera que para muchos esta norma no representa una opción pertinente.
En ese sentido, los defensores del proyecto de ley, argumentan que esta servirá para combatir el narcotráfico y la corrupción gubernamental, pero varios expertos, incluso desde la Universidad de Chile, ven esto como un gesto simbólico para enfrentar el problema, más no como una solución eficaz contra el crimen organizado y la debilidad institucional que enfrenta el país.
