Esta semana, el Ministerio de Justicia de Bolivia presentó una denuncia penal en contra de Evo Morales, por delitos relacionados con la seguridad pública y el proceso electoral. Esto sucede en el marco de protestas organizadas por simpatizantes del líder cocalero, quienes exigen su habilitación para las elecciones generales de agosto.
Durante cuatro días consecutivos, los bloqueos de caminos paralizaron varias regiones del país, sobre todo en el departamento de Cochabamba, bastión político de Morales. Sin embargo, las movilizaciones no solo complican la circulación de mercancías y personas, sino que también profundizan la crisis económica, marcada por la escasez de carburante y divisas.
Por otro lado, el gobierno argumenta que estos actos son para desestabilizar el calendario electoral e imponer la candidatura de Morales, pese a que una sentencia constitucional lo inhabilita para postularse otra vez.
Se filtró una grabación que detonó la acusación
La denuncia tuvo lugar a partir de la difusión de un supuesto audio atribuido a Evo Morales, en el cual se escucha una voz que ordena cercar la ciudad de La Paz mediante bloqueos viales. Según las autoridades, este material probaría la intención deliberada de interrumpir el proceso democrático y ejercer presión social para forzar decisiones judiciales.
El ministro de Justicia, César Siles, dio a conocer que la denuncia incluye cargos como terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción del proceso electoral, entre otros. Sin embargo, la ley boliviana establece penas severas para este tipo de delitos, con sanciones que pueden llegar hasta los 20 años de prisión.
Pese a que Morales pone en duda la autenticidad del audio, el Ejecutivo asegura que el material fue entregado al Ministerio Público y exige celeridad en la investigación. Así, las autoridades también informaron sobre más de 40 puntos de bloqueo activos en distintas regiones del país.
En el Chapare, Morales sostuvo que las movilizaciones no buscan su candidatura
A través de su refugio en la zona cocalera del Chapare, Morales afirmó que esta denuncia es una más entre las 13 que recibió por parte del gobierno de Luis Arce. En su cuenta de X , el exmandatario sostuvo que las movilizaciones no buscan su candidatura, sino que son una respuesta al deterioro económico que enfrenta el país.
Cabe recordar que Evo gobernó Bolivia durante casi 14 años, entre 2006 y 2019, pero en este nuevo escenario político, intenta mantenerse vigente pese a que ya no cuenta con un partido habilitado ni con respaldo del Tribunal Electoral. Aún así, sigue influyendo en sectores naturales y sindicatos que lo consideran su líder natural.
De todas formas, la pelea con Arce marca la división interna que ocurre en el Movimiento Al Socialismo (MAS), Morales acusa a su exministro de Economía y actual presidente de utilizar al aparato judicial para impedirle competir, mientras Arce asegura que su antecesor busca alterar la paz social con fines personales.
El Tribunal Supremo de Justicia abrió una investigación en plena campaña electoral
Los bloqueos coinciden con la recta final de la campaña electoral, prevista para culminar con la votación general el 17 de agosto. En medio de una crisis económica sin precedentes desde 2023, en donde sectores afines y contrarios a Morales salieron a las calles, ya sea en apoyo a su causa o para exigir soluciones inmediatas a la escasez de productos básicos.
De igual manera, el Tribunal Supremo de Justicia abrió una investigación paralela por amenazas contra funcionarios judiciales y electorales, esto ocurrió luego de la viralización de un video en el que se advierte que si Morales no es habilitado, “no habrá elecciones”.
El gobierno sostiene que estas acciones constituyen delitos graves contra el orden público, por eso el presidente Arce declaró que no cederá ante chantajes y que garantizará la realización de los comicios “por la vía legal o con el auxilio de las Fuerzas Armadas, de ser necesario”.
