El ciudadano iraní Mehran Bahramian recibió su condena debido a su supuesta participación en el ataque a un móvil de las fuerzas de seguridad iraníes en la localidad de Isfahán, en medio de las manifestaciones realizadas tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda que se encontraba bajo la custodia de la Policía de la Moral al momento de su deceso.
Ejecución confirmada
Las autoridades del gobierno de la República Islámica de Irán, confirmaron en la jornada del sábado que fue llevada a cabo la condena a muerte de Mehran Bahramian, señalado como uno de los participantes de los ataques contra las fuerzas de seguridad interior iraní, que tuvieron lugar durante las manifestaciones realizada a partir de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda arrestada por la Policía de la Moral que habría muerto a causa de las torturas aplicadas por no utilizar su hiyab de manera correcta, y trayendo nuevamente la situación de los derechos humanos en la república islámica, así como el uso de la pena de muerte como herramienta de represión, al eje del debate internacional.
La condena de Bahramian fue justificada debido a su supuesta participación en el asalto a una unidad vehicular policial en la localidad de Semirom, en la región de Isfahán, en un enfrentamiento que terminó con la muerte de un agente y dejó varios heridos. El proceso judicial superó la instancia de intervención del Tribunal Supremo de Irán, que ratificó la sentencia y permitió que se procediera con su ejecución.
Tras tres años de apelaciones, se consolidó la condena
Para entender las condiciones que llevaron a la justicia iraní a ratificar la condena a muerte en el caso de Bahramian, es necesario retroceder en el tiempo hasta el año 2022. Más específicamente a la serie de protestas con sus consecuentes represiones, iniciadas a partir del deceso de Mahsa Amani mientras se encontraba bajo custodia policial, habiendo sido arrestada por presuntamente utilizar de manera incorrecta el hiyab (tradicional velo islámico que deben usar las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza, el cuello, el pecho y los hombros, dejando solo la cara visible).
Las manifestaciones por la muerte de Amani sacudieron la esfera pública iraní por buena parte del año 2022, y fueron reconocidas a nivel internacional por la particular y contundente respuesta de las fuerzas de seguridad y la aplicación de severas y desmedidas sanciones judiciales contra los participantes, incluyendo detenciones masivas y la condena a muerte de varios de los arrestados debido a su actuación en enfrentamientos directos con los oficiales durante las protestas.
La reciente implementación de la pena de muerte sobre Bahramian a sólo la más reciente de las sentencias capitales dictadas por el contexto de las protestas del año 2022, que se llevó a cabo.
Preocupación por el aumento de las penas de muerte
Según un informe realizado por la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya se realizaron por lo menos 841 ejecuciones por pena capital en Irán en lo que va del año 2025. Dicha cifra incluye a opositores políticos, ciudadanos afganos y miembros de minorías étnicas, entre muchos otros.
Desde el organismo dependiente de la ONU aseguraron que, solo en julio de este año, se llevaron a cabo una 110 ejecuciones sobre mujeres y miembros de las comunidades baluche, kurda y árabe. El informe detalla que más de un tercio de las penas capitales cayeron sobre figuras relacionadas a cargos de narcotráfico y, en algunos casos, las sentencias fueron aplicadas en espacios públicos.
Los técnicos de la oficina de DDHH de la ONU expresaron la creciente preocupación de la comunidad internacional por el uso constante y sistemático de la pena capital como un mecanismo de intimidación estatal, que se agudiza al evidenciarse su uso desproporcionado sobre minorías étnicas y migrantes.
