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La administración de Trump divulga una lista de ciudades opuestas a su política migratoria

Por Rocío V.
29 mayo, 2025
en Mundo
Trump.

Fuente: RFI.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo paso en su cruzada contra la inmigración irregular cuando este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo pública una lista de más de 500 jurisdicciones locales a las que la Casa Blanca acusa de no colaborar con la aplicación de las leyes migratorias federales.

Esta medida está incluida en un decreto firmado por Trump el pasado 28 de abril, pero el mandatario viene construyendo desde su campaña y mandato anterior gran parte de su base electoral en torno al rechazo a lo que denomina una “invasión” de migrantes.

En esta nueva etapa, su estrategia incluye exponer a los gobiernos locales que no brindan apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en materia de detenciones y deportaciones. Entre las ciudades señaladas se encuentran metrópolis como Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Las Vegas, todas estas fueron apuntadas como “jurisdicciones santuario” por no colaborar con el gobierno federal en materia migratoria.

El término “ciudad santuario” no tiene una definición jurídica uniforme

Este término se utiliza mayormente para describir a aquellas localidades que adoptaron políticas que limitan su cooperación con autoridades migratorias federales, como lo es negarse a entregar información o retener inmigrantes a solicitud del ICE.

Algunos expertos legales, si bien la inmigración es competencia federal exclusiva, no existe una obligación para que los estados o municipios colaboren en su ejecución. Así lo expresaron los profesores Benjamín Gonzáles O’Brien y Loren Collingwoos, quienes recuerdan que solo una ley del Congreso podría imponer tal exigencia.

Por otro lado, estas políticas están ligadas por la intención de generar confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales. Sin embargo, las autoridades sostienen que si los migrantes temen ser deportados por acudir a la policía, es menos probable que denuncien crímenes o cooperen como testigos.

Los criterios del listado publicado por el DHS

El listado fue divulgado este jueves por el DHS, pero hay que indicar que se trata de la concreción de la orden ejecutiva firmada por Trump, que instruyó a varias agencias federales a identificar a los gobiernos locales que entorpecen su política migratoria, cuando en la primera entrega incluyen más de 500 condados, ciudades y estados.

Al parecer la inclusión se basó en criterios como la negativa a compartir información con el ICE, protecciones legales a migrantes sin documentos, o declaraciones públicas identificándose como jurisdicciones santuario. El DHS advirtió que estos territorios podrían perder acceso a financiamiento federal si no revisan sus políticas.

El DHS advirtió que estos territorios podrían perder acceso a financiamiento federal si no revisan sus políticas. Entre las jurisdicciones nombradas figuran San Diego, Santa Fe, Baltimore y Chicago. Como mencionamos anteriormente, tal es el caso de Las Vegas, que expresó no entender por qué fue incluida y afirmó cumplir con la ley federal.

Consecuencias que conlleva el hecho de recortar fondos en este caso

Durante la administración de Trump se advirtió que las jurisdicciones mencionadas en la lista corren el riesgo de ver interrumpidos los contratos y subvenciones federales. Para ello, la Casa Blanca ordenó al Departamento de Justicia y al DHS trabajar con la Oficina de Administración y Presupuesto para evaluar qué recursos pueden ser suspendidos.

Si esta situación continúa su curso, en lo que el gobierno considera una “insubordinación”, se aplicarían medidas judiciales adicionales. Lo que estas podrían incluir demandas legales o el uso del poder ejecutivo para limitar recursos federales en proyectos importantes.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Trump intenta tomar medidas similares. Durante su primer mandato, firmó órdenes para frenar fondos a ciudades santuario, pero enfrentó algunos reveses judiciales, ICE cuenta con solo 6.000 agentes, el gobierno busca ampliar su alcance apoyándose en policías estatales y municipales para facilitar arrestos o deportaciones.

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