Este 2025 ha estado marcado por la constante escalada de la política federal de la aplicación de la ley de inmigración en los Estados Unidos, correspondiendo ahora el turno a Chicago. Particularmente, en septiembre el Departamento Nacional de Seguridad (DHS) anunció la Operación Midway Blitz, que materializó un resurgimiento de las redadas migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Operación Midway Blitz ha sacudido los barrios de Chicago
El presidente norteamericano, Donald Trump, había prometido medidas más enérgicas contra la inmigración y el despliegue de las fuerzas en Chicago, a pesar de las repetidas objeciones de los gobernantes y residentes locales. Estas acciones, intensifican la percepción de que las operaciones estaban dirigidas específicamente a bastiones de la oposición política.
Este operativo, fue justificado públicamente como una campaña dirigida a extranjeros, ilegales y criminales. Sin embargo, las escenas que hicieron de epicentro fueron, de manera desproporcionada, sobre todo en las zonas de Little Village (la Villita) y Pilsen, barrios predominantemente mexicanos y con un 81% de población hispana. Estos barrios se convirtieron en el punto focal del conflicto.
El operativo, con expectativas de durar 60 días consecutivos, llegó tras el anuncio de Gregory Bovino, un agente de la patrulla fronteriza conocido por liderar una redada en Los Ángeles, quien se presentaba con una publicación provocadora en redes sociales con el mensaje «Bueno, Chicago, hemos llegado» junto con videos de agentes de aduanas y protección fronteriza.
El rechazo por parte de los habitantes y del alcalde de Chicago
La aplicación de la ley en Chicago presenta una perspectiva bipolar. Por un lado, la justificación oficial del ICE se basa en la necesidad de proteger la seguridad nacional, pública y fronteriza, priorizando el arresto de individuos que representan el mayor riesgo. Por otro lado, esta narrativa choca violentamente con las denuncias de la comunidad y los hallazgos judiciales, que apuntan a tácticas agresivas, discriminación y omisión de derechos civiles.
En ese aspecto, una de las respuestas políticas que se le ha dado a esta situación ha sido por parte del alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, quien ha implementado una estrategia de obstrucción logística directa y activa. En octubre del año actual, Johnson firmó la Orden Ejecutiva de «Zona Libre de ICE».
Esta medida fue diseñada para crear mecanismos que prohíben a los agentes federales de inmigración utilizar cualquier propiedad municipal en sus operaciones. Dicha acción se llevó a cabo posteriormente a que se documentara el uso de estacionamientos municipales y de escuelas públicas en Chicago como sitios de preparación, y con la finalidad de brindar bases seguras y discretas.
La controversia que rodea a los movimientos por parte de los agentes de migración
La defensa legal más poderosa de los inmigrantes es el decreto de consentimiento Castañón Nava. Este incluye la resolución a una demanda colectiva de 2018 por residentes de Chicago, que obliga a ICE a detener la práctica de realizar «arrestos colaterales» ilegales a través de paradas vehiculares y otras acciones de cumplimiento comunitario en Illinois y otros cinco estados, a la vez que impone una obligación de ser quirúrgico en sus operaciones.
De la misma manera, las redadas migratorias no solo representan una crisis legal y política para los barrios de Chicago sino que también tienen un impacto social y económico. Como en el caso de La Villita, que ha experimentado una parálisis económica desde el inicio de las deportaciones. Los dueños de negocios reportan que tienen demasiado miedo de caminar por las calles, lo que ha llevado al desplome de las ventas y al cierre temporal de las tiendas.
Los operativos en este año, han estado empañados por numerosas denuncias que recolectan declaraciones como la falta de transparencia, el uso de la fuerza desproporcionada, falta de órdenes judiciales y afectación a residentes legales, reforzando así la posición de los defensores de que se trata de un patrón sistemático de maniobras sin una legalidad operativa.
