A la ya compleja relación entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, se sumó este traslado masivo de delincuentes condenados, a través del puente de Rumichaca. Desde Bogotá, calificaron el operativo como un «gesto inamistoso» y presentaron una protesta diplomática por escrito. Desde Quito se limitaron a defender y justificar la legalidad del procedimiento.
No fue Trump, sino Noboa
Las noticias sobre deportaciones masivas de personas empiezan a ser un tema cada vez más recurrente. En la jornada de hoy, un convoy con más de 800 detenidos de nacionalidad colombiana, fueron deportados desde Ecuador hacia su país de origen a través del paso fronterizo de Rumichaca, en la región ecuatoriana de Carchi.
El operativo de traslado fue un punto que generó ciertas rispideces diplomáticas entre los gobiernos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, cuya relación ya viene acumulando tensiones. En esta oportunidad, el traslado de detenidos fue realizado pese a la protesta formal presentada por el gobierno colombiano, en la que aseguran que las deportaciones se hicieron sin acuerdo previo o protocolo bilateral alguno.
La nota de protesta, que emitió la Cancillería de Colombia el pasado viernes contra Ecuador, señaló que la entrega de los presidiarios colombianos fue realizada «de manera unilateral» y «en incumplimiento del derecho internacional». El ente estatal del país cafetero afirmó a través de un comunicado que “Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación”.
El procedimiento
Según informó la gobernadora de la provincia ecuatoriana de Carchi, Diana Pozo, quien supervisó personalmente el procedimiento en el lugar de los hechos, “han sido deportadas más de 800 personas privadas de la libertad”. Según sus declaraciones a los medios de prensa, el operativo requirió del trabajo constante y la custodia de decenas de policías y militares de las fuerzas ecuatorianas, quienes controlaron el recorrido de los detenidos hasta la frontera con Colombia, a la altura de Tulcán.
Previo al viaje, algunos de los detenidos fueron autorizados para realizar ejercicios físicos en preparación para soportar las bajas temperaturas de la región andina. Al llegar al punto en el que debían ser entregados a las autoridades colombianas, los reos empezaron a exclamar «queremos pasar, queremos pasar» ante los funcionarios de la frontera.
Una fuente cercana a la gobernación de Carchi, había adelantado el viernes, que comenzaría el proceso de deportación de alrededor de 870 presidiarios de nacionalidad colombiana, número que equivale a casi el 60% de los internos de dicha nacionalidad, que se encontraban recluidos dentro del sistema carcelario ecuatoriano. La gobernadora Pozo aseguró que el operativo requirió del trabajo coordinado de los departamentos de migraciones de ambos países, con el fin de permitir la circulación vehicular en el puente Rumichaca sin mayores inconvenientes.
Colombia, tomada por sorpresa
A contramano de las declaraciones de la funcionaria ecuatoriana, las autoridades de Colombia aseguraron que no recibieron ninguna información oficial relacionada al operativo de repatriación masiva. El secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales (por donde debieron ingresar los detenidos provenientes de Carchi, Ecuador), Juan Morales dijo: “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia para recibirlos”.
El funcionario de la gobernación colombiana explicó que se vieron obligados a improvisar un dispositivo de atención humanitaria. El propio alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, aseguró que esperan recibir a más de mil colombianos como parte de este proceso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia advirtió que la decisión de Ecuador se tomó “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes”para implementar un protocolo previo. También calificó la acción de Quito como un “gesto inamistoso”.
