En vísperas de Año Nuevo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la acción apunta a actores involucrados en el comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de diseño iraní transferidos a Venezuela; entonces, por el comunicado oficial, la cooperación entre Caracas y Teherán en materia militar se mantiene activa desde hace casi dos décadas y se ha intensificado en los últimos años pese a sanciones previas de las Naciones Unidas.
Drones Mohajer, ensamblaje local y millones de dólares
De acuerdo con la OFAC, EANSA negoció con Qods Aviation Industries (QAI), empresa iraní vinculada al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL); esto demuestra que el objetivo fue la adquisición y ensamblaje en Venezuela de drones de la serie Mohajer, comercializados localmente como ANSU.
El Tesoro detalla que la compañía venezolana contribuyó a la venta de drones Mohajer-6 por valor de millones de dólares; este modelo es un UAV de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, capaz de operar armamento guiado, mientras EE. UU. justifica sanciones a Irán y Venezuela. Además, EANSA participó en el montaje y mantenimiento de aeronaves utilizadas por las fuerzas armadas venezolanas.
Entre los sistemas mencionados figura ANSU-100, una versión armada del dron Arpia-001, considerado el primer UAV producido en Venezuela. Según el comunicado, este modelo puede lanzar bombas guiadas aire-tierra Qaem, de diseño iraní, lo que elevó el nivel de preocupación de Washington.
La OFAC también sancionó a José Jesús Urdaneta González, presidente de EANSA, nacido el 16 de enero de 1971, por coordinar la producción de drones junto a representantes militares venezolanos e iraníes; así es como, junto a él, fueron incorporados a la Lista SDN al menos seis ciudadanos iraníes y cuatro empresas vinculadas a sectores tecnológicos, químicos y aeroespaciales.
El anuncio del Tesoro y el contexto de la decisión
Continuando con la posición de Donald Trump, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, fue explícito al explicar la postura del gobierno. «El Tesoro responsabiliza a Irán y Venezuela por su agresiva y temeraria proliferación de armas letales en todo el mundo», afirmó.
También, el funcionario insistió en que Washington seguirá actuando para impedir que el complejo militar-industrial iraní acceda al sistema financiero internacional. Por ese motivo, la decisión se apoya en las designaciones de no proliferación adoptadas en octubre y noviembre de 2025, luego de que Estados Unidos reimpusiera el 27 de septiembre sanciones de Naciones Unidas contra Irán.
Pero para la Casa Blanca, los programas de drones y misiles iraníes representan una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses y aliadas, además de generar riesgos en rutas comerciales estratégicas como el mar Rojo.
Las nuevas sanciones no sorprenden, pero bloquean
En esta oportunidad, las nuevas sanciones del Tesoro de EE. UU. contra Irán y Venezuela se sostienen en información específica sobre operaciones, responsables y volúmenes económicos, por eso la medida abarca a la Empresa Aeronáutica Nacional SA (EANSA), fundada el 5 de marzo de 2020 y con sede en la Base Aérea Libertador, en el estado Aragua, Venezuela.
En este caso, la empresa venezolana, la Lista SDN, incorporó a varias compañías iraníes y a individuos vinculados a sectores tecnológicos y de defensa, dejando en claro que las designaciones se realizaron bajo las órdenes ejecutivas 13382 y 13949, que están orientadas a combatir la proliferación de armas de destrucción masiva y el comercio de armamento convencional.
Lo que llamó la atención de las sanciones es el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses; esto implica la prohibición general de transacciones, salvo autorización expresa de la OFAC, y eleva los riesgos legales para terceros que mantengan vínculos comerciales con los sancionados.