En una histórica muestra de unidad diplomática sin antecedentes recientes, los ministros de Asuntos Exteriores de ocho países (Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto) condenaron enérgicamente este martes las nuevas políticas territoriales de Israel. El bloque condenó la acción israelí de reclamar tierras en la Cisjordania ocupada como las llamadas «tierras estatales» y la aprobación de trámites para poder formalizar y establecer la propiedad de la tierra en grandes extensiones por primera vez desde 1967.
Violación del derecho internacional y la opinión de la Corte Internacional de Justicia
Según el comunicado conjunto, esta actividad ilegal supone una «grave escalada» para precipitar la expansión de los asentamientos ilegales, la apropiación de tierras y el afianzamiento del control israelí del territorio. Los firmantes avisaron que estas políticas no solo violan la soberanía palestina, sino que intensificarán aún más la tensión y la inestabilidad en la región en su conjunto.
Los ministros manifestaron de forma tajante que esas medidas son una «violación flagrante del derecho internacional y de la ley humanitaria internacional», para lo cual se remiten también a la Cuarta Convención de Ginebra y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Fuerzas Unidas, en especial a la Resolución 2334.
Por otra parte, la legación diplomática hubo de enfatizar el hecho de que esta decisión choca con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (C.I.J.) sobre las consecuencias jurídicas relacionadas con las políticas de Israel. Esta opinión judicial subrayó la ilegalidad de las medidas destinadas a alterar el estatus legal, histórico y demográfico del territorio ocupado, así como la obligación de poner fin a la ocupación y la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza.
«Anexión de facto» y la amenaza de los guetos
La razón de dicha condena estriba directamente en la aprobación por parte del gabinete israelí de la reciente serie de medidas para facilitar a los colonos la adquisición de tierras (lo que los palestinos coinciden en catalogar como «anexión de facto») y el registro de tierras de Cisjordania, que se encontraba congelado desde 1967. Con tal registro, el Estado israelí podrá incorporar como tierras del Estado las propiedades en el enclave ocupado e imponer, por tanto, una «nueva realidad legal y administrativa».
Los expertos en la situación del terreno se encuentran alertando de las consecuencias prácticas que tendrá esta burocracia: Alon Cohen Lifshitz, de la ONG israelí Bimkom, explica que, a medida que se realicen más registros de propiedades de Estado, mayor expansión de asentamientos, así como mayores facilidades a la restricción de la movilidad palestina. «Avanzan hacia cerrar a la población en pequeños guetos», advirtió el especialista en derechos humanos y planificación del territorio en la zona C de Cisjordania.
Llamado a la acción global por la solución de dos Estados
La información que comparten el mismo advierte que esas medidas van en detrimento de la solución de dos Estados y menoscaban las posibilidades de que un Estado palestino independiente y viable al poner en peligro el alcanzar una paz justa e integral. Además, los ocho Estados desean que la comunidad internacional asuma sus propias responsabilidades adoptando las «medidas claras y decisivas» que detengan dichas violaciones.
Los ministros reafirmaron su contundente rechazo a todas las medidas unilaterales, exigiendo la salvaguarda de los derechos inalienables del pueblo palestino en su inmensa mayoría, especialmente el derecho a la autodeterminación en pro del establecimiento de su propio Estado independiente y soberano en las líneas de 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital. La declaración de Doha conforma un frente diplomático común frente a lo que se considera un cambio irreversible en el estatus de los territorios ocupados.