La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos en todo el mundo, publicó un estudio sobre las multas y penas de prisión que enfrentan muchos de ellos por la venta e intercambio de semillas campesinas. Según lo expuesto por los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en África, América Latina, Europa y Asia, las leyes están diseñadas para los mercados industriales de semillas y no para los campesinos que buscan proteger su alimentación.
Las mujeres: las apuntadas
El trabajo publicado este miércoles 16 de septiembre marcó que las mujeres son las principales custodias de las semillas y resultan las afectadas por las normas, ya que son quienes adaptan, distribuyen entre la comunidad las variedades locales y protegen a sus familias mediante su cuidado. Con esto, el resultado se da en un impacto negativo en los ingresos, una disminución en la autonomía alimentaria y sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión para las personas involucradas.
«Los sistemas tradicionales de semillas deberían celebrarse y no perseguirse judicialmente», escribieron en parte del trabajo de Naciones Unidas.
ONU alerta sobre persecución por semillas campesinas
La ONU publicó un documento sobre la creciente penalización de los agricultores que comercian con semillas campesinas. Afirmaron, gracias al trabajo de los expertos, que zonas específicas pueden enfrentar penas de hasta 15 años por intercambiar, vender y guardar semillas específicas. La alarma se activa debido a que casi todo el alimento del mundo proviene de los sistemas tradicionales de producción, ya que proveen entre el 70 % y el 90 % de la semilla utilizada en numerosos países de América Latina, Europa, Asia y África.
«Intercambiar, guardar y plantar semillas está entre las prácticas agrícolas más antiguas de la humanidad y es la razón por la que los cultivos aún resisten enfermedades, sequías e inundaciones», explicaron desde el Grupo de Trabajo de la ONU.
Respecto a la legislación que castiga a los campesinos, el informe señala que las leyes relacionadas con la protección de variedades vegetales van contra los pequeños productores que comercian semilla de una variedad protegida por una empresa, mientras que las normas de certificación permiten únicamente la venta o intercambio de semillas registradas bajo esos estándares. Estas condiciones van en contra de la naturaleza campesina, ya que muchas no cumplen con los estándares exigidos a las semillas industriales, y dejan a los agricultores en el terreno de las «semillas falsificadas».
Las tareas de persecución o vigilancia se endurecieron con el paso de los años, afirmaron desde la ONU, y se incorporaron herramientas como la propiedad intelectual, imágenes satelitales, drones y marcadores moleculares, que se suman a la línea de denuncia anónima por lo que consideran «actividad sospechosa» con las semillas.
El propio Grupo de Trabajo responsabiliza de estas tareas a Bayer, Corteva, BASF y Syngenta, ya que controlan más de la mitad de las ventas anuales valoradas en US$81 000 millones. «Las patentes sobre información genética digital permiten que estas compañías reclamen derechos sobre características de las plantas sin siquiera poseer la semilla», sumaron y piden que los estados sancionen la formación de monopolios.
Otras recomendaciones
Junto al pedido a los entes gubernamentales, el equipo de la ONU insta formalmente a que se incorpore el artículo 19 de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos a sus legislaciones nacionales y a eximir a los sistemas tradicionales de semillas de las normas del mercado industrial mundial, ya que las consideran como «base material de los derechos a la vida, la salud, la alimentación y un ambiente sano antes de ser artículos de comercio».
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