La crisis política en Venezuela ha ingresado en una nueva fase de la confrontación narrativa que se une a la crisis humanitaria. Solo transcurrieron 24 horas luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunciara la liberación de un centenar de personas detenidas como consecuencia del llamado «perdón» oficial que se dispuso desde el régimen. La Vocería Oficial de María Corina Machado y Edmundo González ha emitido un contundente comunicado desmintiendo la información.
El baile numérico de cifras: Verificación vs. Propaganda
El núcleo de la controversia son los números. El lunes 12 de enero, el Ministerio del Servicio Penitenciario comunicó que se «habían llevado a cabo 116 nuevas excarcelaciones», gracias a un trabajo conjunto con el Sistema de Justicia. En cambio, el Grupo de Machado y González derribó esta cifra de una forma brutal. Dicho grupo dio a conocer, mediante un texto que se apoyaba en un seguimiento de las organizaciones que defienden los derechos humanos, que «solamente habían podido certificar la excarcelación de 56 personas».
Como consecuencia, para el informe de denuncia opositora, esta cifra confirmada representan «menos del 5% del total de más de 1000 personas» que continúan cautivas de forma política dentro del país. La nota de la Vocería Oficial realiza una crítica a las condiciones que describen las liberaciones, donde los excarcelados no obtienen su libertad completa, sino que «casi siempre continúan bajo medidas cautelares abusivas». A todo esto hay que añadir las familias que, sin lista oficial y sin notificación para sus allegados, «continuaron esperando afuera de los centros penitenciarios, consumiendo dinero que no tenían y poniendo en riesgo su salud».
Una tragedia más tras las rejas: La muerte de Edison Torres
El comunicado de la oposición deja entrever una realidad mucho más sombría que la de la pelea catastrofista por las estadísticas: la crisis humanitaria que vive el interior de los recintos penitenciarios. El texto mismo da cuenta del fallecimiento en prisión de Edison José Torres Fernández, un hombre de 52 años, quien falleció «como consecuencia de una subida de tensión que no fue tratada adecuadamente». La muerte de Torres no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón preocupante.
Así, según apuntó la Vocería Oficial, él es «el octavo preso político que ha muerto bajo custodia del Estado desde las elecciones del 28 de julio de 2024». El texto mismo refería a «las otras víctimas fatales a causa de la atención médica negligente»: Edwin Santos, Jesús Martínez, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz. Esta denuncia contrasta de manera radical con el relato que ofrece el comunicado del régimen, que proclama que sus políticas están orientadas hacia «la justicia, el diálogo y la preservación de la paz».
Delcy Rodríguez al frente: La narrativa de la continuidad
El documento del Ministerio del Servicio Penitenciario, por su parte, intenta mantener la legitimidad del aparato estatal tras la caída de Nicolás Maduro, y argumenta que la revisión de causas que se inicia en la actualidad es parte de la «iniciativa voluntaria» del expresidente y que el procedimiento de revisión, en tal caso, sigue manteniendo la continuidad «bajo el liderazgo de la Presidenta Encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez». El régimen argumenta que estas 116 supuestas liberaciones (sumadas a otras 187 que afirmaron haber otorgado en diciembre de 2025) son la muestra «de la fortaleza institucional» y el «ejercicio de la soberanía».
El abismo existente entre la retórica entregada del régimen de Delcy Rodríguez, y la denunciada por la oposición parece insalvable. Mientras el oficialismo quiere hacer de estas liberaciones a cuentagotas, la coalición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González está muy seria y ha puesto una línea roja: «No puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras exista un único perseguido».