En Madrid se llevó a cabo este sábado, una movilización sin precedentes, protagonizada por jueces y fiscales de todo el país frente a la sede del Tribunal Supremo. Allí, cientos de profesionales de la justicia se reunieron para expresar su inconformidad con las modificaciones legislativas impulsadas por el Ejecutivo.
Según informaron algunas agencias, la convocatoria partió de cinco asociaciones representativas de la magistratura y la fiscalía, que tomaron la decisión de mostrar unidad ante los planes del Gobierno, la movilización busca visibilizar la preocupación por los cambios previstos, sino también sentar las bases para una huelga que, de no modificarse los proyectos, se desarrollará otra los día 1,2 y 3 de julio.
Bajo consignas como “Sin Estado de Derecho no hay democracia”, los manifestantes insistieron en que cualquier alteración en la carrera judicial debe respetar la separación de poderes, por eso indican que estas reformas representan una amenaza a desdibujar la independencia de los tribunales.
Surgen críticas a la reforma de acceso a la judicatura en Madrid
Uno de los puntos que más malestar genera es la parte de modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, según los manifestantes esta nueva ley rebajaría el nivel de exigencia académica para quienes aspiran a ejercer como jueces o fiscales.
Esto sucede porque temen que esta creación de un centro de formación dependiente del Ejecutivo implique una injerencia directa del poder político en la selección de magistrados. Así, los opositores denuncian que se pretende sustituir un proceso exigente, basado en el mérito y la capacidad, por uno más flexible y vulnerable a favoritismos, todo este reclamo es para que no se pierda la garantía de imparcialidad que caracteriza al actual proceso.
Lo que más los mantiene en alerta es la introducción de evaluaciones que podrían abrir la puerta a valoraciones subjetivas y filtraciones, eso hace que se vea afectada la transparencia y credibilidad de todo el sistema. Por eso, las asociaciones sostienen que la reforma habilitaría vías alternativas para obtener plaza, como la acumulación de años de experiencia profesional, algo que interpretan como una forma de facilitar el acceso a perfiles cercanos al poder.
Los manifestantes se expresan ante la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Otro proyecto cuestionado, es el refuerzo del poder del Fiscal General del Estado, porque será designado por el Gobierno sin filtros adicionales, pero para quienes no están de acuerdo, sostienen que esto limita la autonomía de los fiscales, dificultando que puedan oponerse a instrucciones de sus superiores.
Cabe mencionar que los jueces y fiscales congregados alertaron también sobre la intención de otorgar a la Fiscalía el mando de la policía judicial, junto a la investigación de delitos, funciones que hasta ahora recaen en los jueces de instrucción.
Asimismo, si se lleva a cabo este cambio, se amplificaba el riesgo de injerencias políticas en casos sensibles, por eso los representantes de las asociaciones recalcaron que esta línea de reformas busca moldear un poder judicial más débil y sometido a presiones, si ocurre un debilitamiento de la justicia, impactará en los derechos de la ciudadanía y en la calidad de la democracia,
Hubo respuesta por parte del Gobierno de Sánchez
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió de manera pública las reformas, porque aseguró que ninguna disposición afecta la independencia de jueces y fiscales, por los temores expresados que carecen de fundamento.
En ese sentido, el funcionario recordó que la nueva normativa permitirá incorporar 2.500 nuevos profesionales, algo que calificó como una respuesta a demandas históricas del sector, pero Bolaños pidió respeto para el debate legislativo y recordó que cualquier reforma debe pasar por el Congreso.
Cabe mencionar que algunos representantes del Partido Popular como en este caso Miguel Tellado calificaron a esta protesta como “histórica” y advirtieron que seguirán vigilando ante cualquier intento de debilitar la separación de poderes.
