Un grupo de senadores demócratas del Congreso de Estados Unidos realizó una carta pública al presidente Donald Trump pidiéndole que su administración levantara cuanto antes el embargo petrolero impuesto a Cuba. La carta, que está firmada por dos senadores por Massachusetts, Edward J. Markey y Elizabeth Warren, y por un congresista, Jim McGovern, advierte que las condiciones económicas en la isla son extremas pudiendo dar lugar a crisis humanitarias o de refugiados regionales.
Efecto de las sanciones y la crisis energética inminente
La preocupación de los legisladores ha ido en aumento en virtud de las acciones ejecutivas que se llevaron a cabo el 29 de enero, cuando el presidente Trump invocó nuevos poderes de emergencia, que habilitan la amenaza de imponer aranceles punitivos a cualquier país que venda petróleo a Cuba ya lo haga directa o indirectamente. Los congresistas denuncian que esa agresiva medida ha llevado a múltiples países a dejar de comerciar, por completo, con la isla, pues temen ser objeto de represión económica por parte de EE. UU.
La paralización de las importaciones constituye una amenaza significativa para la infraestructura cubana. La producción nacional de la isla satisface únicamente una parte mínima de las demandas de petróleo, lo que hace que La Habana dependa en su mayor parte del petróleo importado para continuar alimentando su red eléctrica y garantizar que los servicios básicos puedan funcionar. Asimismo, los legisladores afirman que el estricto régimen de sanciones estadounidense ha impedido que la isla gocen de oportunidades valiosas para estudiar recursos energéticos nacionales como la energía solar y eólica, así como ayuda a alcanzar mayores grados de independencia energética.
Cuestionamientos sobre «la amenaza extraordinaria» y el fenómeno del éxodo migratorio
Los legisladores que han firmado la carta interpelan de forma durísima la narración que han utilizado los funcionarios del Gobierno estadounidense, quienes han justificado sus recientes amenazas en el ámbito de los aranceles argumentando que es una medida estrictamente necesaria para defender a la gente estadounidense de la supuesta «amenaza extraordinaria» que Cuba representa.
En cambio, para los firmantes de la misiva no hay base alguna para referirse a esta premisa, en tanto que el gobierno y la economía cubanas son identificables por un declive radical en su ya larga historia, en buena medida extensible a las décadas de sanciones impuestas por Washington. Lejos de tratarse de una amenaza militar como a menudo los funcionarios del Gobierno han sostenido, legitiman el punto de vista de que Cuba no ha perpetrado ni ha amenazado con alguna agresión militar en contra de Estados Unidos desde los años sesenta, y que hoy ni la tiene ni la puede tener.
Los estrictos efectos de estas políticas restrictivas, persisten, terminan traduciéndose con el incremento de la crisis de la migración. Solo desde los años 2022 y 2023 el 10 % de la población total de Cuba ha abandonado la isla, y más de 600 000 ciudadanos cubanos solicitando asilo en Estados Unidos.
La ausencia de diplomacia y las cuestiones dirigidas a la Casa Blanca
Un segundo elemento fundamental del reclamo legislativo es justamente la supuesta contradicción de la Casa Blanca en su propia estrategia de diplomacia. El conjunto de congresistas señala y critica que el presidente esté aumentando la presión económica sobre la isla, cuando los funcionarios cubanos han afirmado públicamente, y lo hicieron también en esta ocasión, que están plenamente listos para negociar las cuestiones pendientes con Estados Unidos de América.
Para todos los demócratas, la ausencia de una actuación real en negociar para obtener ese «trato» pone en duda la auténtico objetivo que persigue el propio bloqueo. Aseguran que, si la diplomacia de la que se hacen eco es una opción que aún se puede aplicar, escoger a la vez la agravación deliberada de una crisis humanitaria es estratégicamente erróneo y morales discutible.