Tras el aumento de las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico marítimo en rutas conocidas como el Caribe, con la aparente meta de combatir la crisis de salud pública por el consumo de fentanilo, se produjo un ataque a un sumergible, siendo el sexto de su tipo en poco más de un mes, lo que subraya un esfuerzo sostenido por interceptar estos «narcosubmarinos». El ejército efectuó el asalto el jueves, logrando rescatar a dos personas.
Estados Unidos capturó a dos de los que se encontraban en el submarino
El ataque fue inmediatamente publicitado por el presidente Trump, quien lo presentó como un golpe significativo en la lucha contra el narcoterrorismo, que amenaza a Estados Unidos. En una publicación en redes sociales, Trump se atribuyó la destrucción de un enorme submarino que transportaba drogas y afirmó que la inteligencia estadounidense había confirmado que el cargamento estaba compuesto principalmente por fentanilo, señalando a Venezuela como un país facilitador de este tráfico.
Los dos sobrevivientes del ataque, serán devueltos a Colombia y Ecuador para su detención y procesamiento. Este suceso intensifica el debate sobre la legalidad de esos asaltos letales en aguas internacionales. La controversia, aumenta tras el sorprendente anuncio sobre la jubilación del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EU, quien llevaba menos de un año en el cargo. Además, Trump enmarcó los ataques dentro de una escalada para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Trump justifica ataques mortales contra el narcotráfico
El Pentágono divulgó un video en blanco y negro del ataque, poco después del anuncio de Trump. La grabación muestra claramente una embarcación sumergida y moviéndose, seguida de al menos una explosión dirigida a la parte trasera. Trump, actualizó el número de víctimas, informando que dos personas a bordo fallecieron y que los dos sobrevivientes serán repatriados a sus países de origen para enfrentar cargos y detención.
Con esta última confirmación de Trump, la cifra de personas muertas durante las acciones militares de Estados Unidos contra las embarcaciones de narcotráfico en la región ha escalado a un total de 29 víctimas. Estos ataques recurrentes han generado gran controversia y han sido interpretados por el presidente como una respuesta directa a una grave amenaza de seguridad nacional que requiere el uso de fuerza letal.
El presidente republicano, ha justificado el uso de fuerza letal contra los presuntos narcotraficantes, equiparándolos a soldados enemigos en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Para ello, utiliza la misma autoridad legal que el gobierno de George W. Bush, invocó en la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre, lo que le permite usar fuerza letal y detener a los combatientes.
La estrategia de Trump para evadir problemas legales en su guerra contra Venezuela
La repatriación de los dos detenidos es una maniobra que permite al gobierno de Trump eludir complejas interrogantes legales. De esta manera, se evita definir el estatus judicial de los individuos dentro del sistema estadounidense, sorteando los problemas legales que surgieron previamente con la detención de combatientes enemigos en la guerra contra el terrorismo. La memdida también mitiga los desafíos a la legalidad de la operación militar actual.
El uso de fuerza militar letal contra los presuntos cárteles, sumado a la autorización de las acciones encubiertas para una posible desestabilización en Venezuela, ha generado serias críticas. Académicos legales sostienen que la estrategia de Trump que está orientada a derrocar a Nicolás Maduro, bajo la presión de los ataques, bordea los límites del derecho internacional y expande excesivamente la autoridad militar del ejecutivo.
Mientras tanto, la presión de EU ha provocado intentos de negociación por parte de Venezuela. Trump, confirmó reportes de que Maduro ha ofrecido una participación en las riquezas del petróleo y minerales para frenar la escalada, lo cual fue rechazado. A pesar del respaldo republicano a la Casa Blanca, los ataques en el Caribe han alarmado al Congreso, que ahora considera una resolución para impedir ataques directos a Venezuela sin aprobación previa.
