Luego de un revés judicial, el equipo legal de Donald Trump activó un recurso urgente ante el Tribunal de Apelaciones de Washington en donde buscan suspender el fallo que anuló sus aranceles globales basados en poderes de emergencia.
Esta decisión judicial, emitida por el Tribunal de Comercio Internacional, declaró ilegales los gravámenes impuestos bajo la IEEPA (Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional). La Casa Blanca sostiene que anular estos aranceles causaría un daño irreversible tanto a la seguridad nacional como a las finanzas públicas.
Cabe mencionar que el recurso de 124 páginas, señala que si no se concede una suspensión inmediata, acudirán al Tribunal Supremo este mismo viernes, alegando que se pondrían en riesgo acuerdos comerciales importantes y que se afectarían ingresos públicos millonarios.
El fallo del Tribunal de Comercio es demoledor para la estrategia comercial de Trump
El equipo de Trump argumenta que el presidente actuó con base legal suficiente, amparado en precedentes como los aranceles impuestos por Nixon. También sostienen que el poder ejecutivo tiene autoridad para responder ante amenazas extranjeras sin intervención judicial.
En el fallo del miércoles del Tribunal de Comercio Internacional anuló aranceles impuestos a productos de más de 75 países, junto a medidas que incluían un 25% a Canadá y México, y un 20% a China, invocando razones como inmigración ilegal y tráfico de drogas.
La corte tuvo en cuenta que la ley de emergencia invocada no permite establecer impuestos comerciales tan amplios siendo que los jueces designados por otros partidos y hasta por el propio Trump, coincidieron por unanimidad. Así, determinaron que la IEEPA no faculta al presidente a fijar aranceles globales sin límites, y que esta interpretación viola la Constitución.
La disputa se ubica en torno al alcance del poder ejecutivo
El líder republicano usó una ley pensada para emergencias internacionales como herramienta comercial para imponer medidas comerciales sin la aprobación del Congreso por eso, el fallo afirma que eso es inconstitucional.
Asimismo, la administración defiende su derecho a actuar con flexibilidad ante “crisis globales” sin obstáculos judiciales pero para reforzar su posición, la Casa Blanca recurrió a declaraciones de altos funcionarios. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que la suspensión de los aranceles podría arruinar decenas de acuerdos.
En contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió de represalias económicas si la decisión se mantiene, también el representante comercial, Jamieson Greer, teme distorsiones en el comercio global. Todavía Trump no hizo declaraciones públicas, pero su portavoz Karoline Leavitt si cargó contra la “interferencia judicial” en decisiones que, a su juicio, deberían recaer en el presidente.
El panorama jurídico está abierto: ¿Qué sigue tras la apelación?
Ante la apelación, la Casa Blanca evalúa otras rutas legales para imponer gravámenes sin vulnerar la sentencia. Sin embargo, una opción sería recurrir a leyes más específicas, como la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Estos aranceles, como los aplicados al acero y aluminio, no fueron afectados por el fallo.
De igual manera, otra alternativa es la Ley de Comercio de 1974, aunque esta solo permite aranceles temporales y con un límite del 15%, enmarcando que el gobierno dejó en claro que usará todos los recursos disponibles para mantener su estrategia arancelaria viva.
Hasta el momento, los gravámenes suspendidos estaban programados para entrar en vigor en julio, y cualquier demora en la suspensión del fallo podría alterar negociaciones clave o el mercado bursátil. Aunque la Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora, seis magistrados frente a tres, eso no garantiza un fallo favorable para Trump, también uno de los jueces que votó contra los aranceles fue nombrado por él.
