El Departamento de Educación de Estados Unidos (USED, por sus siglas en inglés), es una agencia federal fundada en 1979 por el ex presidente Jimmy Carter, la cual actualmente atraviesa una amenaza existencial. La administración de Donald Trump ha acelerado el proceso de desmantelamiento de esta agencia, haciendo que este martes, se traspasaran seis programas de subvenciones hacia otras agencias federales.
El plan para borrar el Departamento de Educación representa un proyecto completo de Donald Trump
Si bien el Departamento de Educación siempre fue objetivo de activistas del bando conservador del país, la amenaza actual representa a un conjunto creciente que se originó en marzo de este año, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva. El documento, dirigido a su secretaria de Educación, Linda McMahon, quien fue ejecutiva de la lucha libre antes de ocupar el cargo federal, le instruía el comienzo del proceso por el cual se ordenó el cierre del Departamento.
Este proceso, consiste en un desmantelamiento planificado, orquestado entre el presidente Trump y la secretaria de Educación, quienes lideran el movimiento. En ese sentido, McMahon ha catalogado todo ese plan de transferencias como una racionalización de la burocracia que simboliza el corazón de la orden ejecutiva, y a su vez es el punto de mayor fricción política para el gobierno de Estados Unidos.
Esta medida, transfiere a la Secretaría de Trabajo los programas de educación primaria, secundaria y superior, al igual que los programas de postsecundaria. Asimismo, cede a la Secretaría de Interior, la política sobre educación de los nativos americanos en Estados Unidos. También, le traspasa al Departamento de Salud el programa para acreditar la formación médica en el extranjero y un programa de subvenciones para padres que asisten a la universidad.
¿Cómo se ha visto afectado el Departamento de Educación con las acciones tomadas desde el gobierno?
Los traspasos hechos por Linda McMahon incluyen también al programa de educación internacional y el programa de lenguas extranjeras, que se trasladarán al Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio. Esto, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los programas administrados bajo la Beca Fulbright – Hays.
El presidente Trump, ha implementado desde su llegada, una estrategia de estrangulamiento al Departamento de Educación, consiguiendo debilitarlo hasta que ya le sea imposible continuar funcionando. De esta manera, ha logrado que se produzca una reducción drástica de personal, la cancelación de contratos y la eliminación de varios programas considerados no esenciales.
Pese a que la educación en Estados Unidos es una responsabilidad principalmente local y estatal, el Departamento de Educación tiene funciones importantes que se encuentran en estado crítico en la actualidad. Una de ellas, es la de encargarse de la regulación en torno a las garantías de igualdad en el acceso a este derecho humano en el país, que se ve igualmente amenazado por las políticas del presidente Trump
Eliminar el Departamento de Educación impulsa a las escuelas privadas
El USED, distribuye fondos que constituyen cerca del 15% del financiamiento de las escuelas K-12 (primaria y secundaria). Para estados como Mississippi y Alaska, este dinero financia más del 20% de los costos de los distritos escolares. Asimismo, administra el sistema de préstamos federales y supervisa la Beca Pell, un apoyo del que dependen el 30% de los estudiantes.
Aunque la orden ejecutiva, firmada por Trump, ya fue puesta en marcha y ha obtenido sus resultados quitándole fuerza al departamento, los republicanos necesitan que se consigan los votos en el Congreso para aprobar la ley de cierre total. La meta política detrás del desmantelamiento es impulsar a nivel nacional los programas de vales escolares para escuelas privadas.
El objetivo que señala Trump, es reducir la influencia y el control sobre el sistema educativo y devolver la decisión y financiamiento a los estados y los padres. Sin embargo, para los opositores a las medidas tomadas por el presidente, la preocupación central es que estas decisiones debilitarán también las normativas de igualdad de género y de raza, perjudicando a los estudiantes que dependen de la supervisión federal para garantizar sus derechos.