En el marco de un nuevo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos reactivaron por pedido del presidente Donald Trump: endurecer las deportaciones. Con una mayoría conservadora, el máximo tribunal aceptó levantar una medida judicial previa que impedía retirar la protección humanitaria a migrantes provenientes de cuatro países latinoamericanos.
Al parecer, lo que sería esta protección llamada “parole”, había sido instaurada por la administración de Joe Biden como una respuesta humanitaria a las crisis políticas y económicas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En ese sentido, cerca de 532 000 personas estaban amparadas bajo este programa, el cual les permitía permanecer legalmente en el país de forma temporal.
Por otro lado, la resolución judicial, si bien fue provisional, representa una victoria clave para la agenda migratoria de Trump. Ahora, estos cientos de miles de migrantes enfrentan un futuro incierto en suelo estadounidense, a la espera de una decisión final por parte de un tribunal de apelación.
El programa afectado es CHNV, acrónimo de los países beneficiarios
En octubre de 2022 se creó esto para venezolanos y se expandió en enero de 2023 a ciudadanos de los otros tres países. Pero para acceder a este permiso temporal, los migrantes debían cumplir requisitos estrictos: no ingresar por la frontera de forma irregular, tener patrocinador financiero en EE.UU, pasar controles de seguridad y salud.
El estatus de protección temporal (TPS), el parole no ofrecía una vía directa hacia la residencia permanente, era más bien, un respiro temporal para quienes huían de contextos de violencia, represión o extrema pobreza. En su momento, Biden lo defendió como un instrumento para regular los flujos migratorios sin saturar el sistema fronterizo.
Desde el inicio de su campaña, Trump califica este programa como una “puerta trasera” para la migración irregular. En ese sentido, la administración republicana lo señaló como una amenaza para la seguridad nacional y la cohesión social, y buscó por distintas vías anularlo.
El dictamen de la Corte Suprema no se dio de manera unánime
Las juezas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo con contundencia. A su juicio, la medida pone en grave riesgo a cientos de miles de personas, forzándolas a escoger entre dos opciones drásticas: abandonar el país y regresar a contextos peligrosos, o permanecer y exponerse a una deportación inmediata.
Las magistradas advirtieron que el fallo interrumpe procesos legales aún en curso, lo cual podría vulnerar el debido proceso y provocar separaciones familiares irreversibles. Sin embargo, el Alto Tribunal no ofreció una justificación detallada sobre su decisión, como suele ocurrir en medidas adoptadas bajo procedimientos de emergencia.
Algunas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron el impacto humano de esta resolución. Sin embargo, se habla de ya de “caos generalizado” en comunidades que podrían ver disueltos sus vínculos familiares, laborales y sociales de un momento a otro.
Trump busca usar a la Corte Suprema de manera estratégica
Si bien este no es el primer recurso de Trump a la Corte Suprema para avanzar en su agenda migratoria porque durante su mandato, recurrió en varias ocasiones al máximo tribunal para revertir decisiones desfavorables emitidas por instancias inferiores. Y en muchas de ellas obtuvo respaldo, gracias a los tres jueces que él mismo nombró durante su presidencia.
Desde la Casa Blanca lograron que el Supremo suspende la orden de la jueza federal Indira Talwani, que había bloqueado la cancelación del parole. Por tal motivo la jueza había argumentado que la ley exige una evaluación caso por caso, no una revocación masiva.
Por su parte, el gobierno estadounidense defendió que las políticas migratorias deben responder a ciertos objetivos de seguridad y disuasión. También, alegan que el parole humanitario fue concedido sin suficientes controles y que su revocación responde al mandato electoral con el que Trump volvió al poder.
