El Gobierno de Ucrania ha denunciado la que consideran una nueva violación grave de las leyes de la guerra desde la frontera norte de Ucrania. Según lo declarado por las autoridades de Kiev, tropas rusas han llevado a cabo esta «deportación forzada» de unos 50 civiles, entre los que se encontraba una gran cantidad de personas de edad avanzada (ancianas), procedentes de la pequeña localidad de Grabovske (Hrabovske), en la región de Sumy. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, así como la oficina del comisionado de Derechos Humanos, lo califica como un «secuestro» y una táctica propia de terror.
«Incursiones medievales»: ancianas como cautivas
Los pormenores del suceso fueron confirmados por la Dirección de Comunicaciones del Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Comisario para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets. Los hechos tuvieron lugar a partir del 18 de diciembre, cuando unidades militares rusas incursionaron en Grabovske, una aldea que está justo en la línea de frontera. Allí capturaron a más de medio centenar de sus habitantes, que «mantuvieron sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas», durante dos días, y luego, el 20 de diciembre, fueran deportados de Rusia.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dio cuenta del perfil vulnerable de las víctimas: «Los invasores rusos han robado a cinco docenas de civiles, en su mayoría mujeres ancianas». Sybiha llegó a considerar estas acciones como «incursiones medievales», insistiendo en la brutalidad de atacar a una población que no representa peligro militar alguno.
Infracción del derecho y paralelismos con el terrorismo
La diplomacia de Ucrania resultó contundente en su discurso. Sybiha comparó la descripción de las tácticas del régimen del Kremlin con las de las organizaciones terroristas más conocidas del planeta, manifestando que la Rusia de Putin ha demostrado que no es aparentemente diferente de los grupos terroristas como lo son el ISIS, Boko Haram o Hamas y reclamando la vuelta inmediata de los rehenes.
Por otro lado, Lubinets estudió la vía del delito. Señaló que consisten en una «infracción grave de las leyes que rigen el derecho internacional humanitario» ya que contradicen de forma grave la ley y las costumbres de la guerra, al privar de libertad a civiles y ejecutar deportaciones forzadas. El estado ucraniano señaló que este crimen de guerra «ya está siendo procesado en Ucrania» y pidió una reacción adecuada desde el exterior.
Llamamiento a la Cruz Roja y aviso a la población
Dada la gravedad de las circunstancias, las instituciones ucranianas han comenzado a implementar los canales diplomáticos y humanitarios. Lubinets subrayó que ya se había puesto en contacto con las instituciones de Rusia para solicitar información sobre el lugar e incluso las condiciones de detención de los deportados, y, además, remitió una carta urgente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que intervenga.
Al mismo tiempo, el Estado ucraniano realizó un llamamiento sobre el mismo suceso y una advertencia para los civiles que permanecen en las zonas fronterizas y no se quieren ir de sus casas. «Permanecer en la zona de combate es peligroso. ¡Evacuar es la oportunidad de salvarse a sí mismo y a los seres queridos!», promovió Lubinets, tratando de llamar a la atención para que más ciudadanos no caigan en poder de las tropas rusas.
El secuestro masivo de Grabovske hace hincapié, en opinión del gobierno de Kiev, en la amenaza constante que representa tener de vecina a Rusia con el régimen actual. Para Andrii Sybiha este episodio hace más urgente que Ucrania disponga de una paz real, duradera y con garantías de seguridad, ya que «vivir al lado de terroristas necesita fuerza». Además, reclama la liberación de los prisioneros y exige ayuda a la comunidad internacional.