En toda Venezuela, comienza a respirarse un aire distinto al que ha corrido durante las últimas décadas en el país. Tras varios años de aplicarse un estricto control estatal en la política energética por parte del chavismo, la Asamblea Nacional ha dado un paso importante que marca el camino hacia la transición en el país. Todo esto, después de la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Venezuela busca abrir sus puertas a la inversión privada
Desde los pasillos del Palacio Federal Legislativo se ha dado marcha a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual tiene como objetivo permitir la inversión directa de capital extranjero en la industria petrolera. El movimiento, anunciado por el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, representa una regulación del control mayoritario que tenía PDVSA con respecto a las acciones petroleras de manera obligatoria.
Durante el periodo presidencial de Hugo Chávez, las leyes venezolanas establecían que el Estado venezolano debía poseer al menos el 51% de las acciones, a través de PDVSA. Este mandamiento buscaba proteger y mantener la soberanía nacional en teoría. Sin embargo, en la práctica resultó ser muy distinto, obligando a PDVSA a poner más de la mitad del capital para inversión, lo que se volvió imposible tras el colapso financiero y las sanciones.
Esta decisión, continúa con los pasos dados con la llamada Ley Antibloqueo y con la entrega de licencias a la estadounidense Chevron. Con la reforma, aprobada en primera discusión esta semana, se aspira a cambiar las reglas del juego y permitir al negocio privado tener control operacional y financiero. Asimismo, el proceso de cambio en las leyes venezolanas responde a las exigencias de las grandes petroleras internacionales.
Pasos para la inversión privada dan señal de negociación desde el gobierno de Venezuela
Desde que Chevron recibió licencias especiales para operar con cierta autonomía por parte de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos), se han comenzado a asfaltar los caminos en busca de inyectar dinero fresco a la industria en Venezuela. Los puntos que toca la reforma incluyen dos apartados que pueden caer como un endulzante en la oferta para los inversionistas.
El primero de ellos toca la reducción de regalías al Estado por el derecho a extraer de un 30% a un 20%, o incluso un 15% en trabajos de crudo pesado o campos que requieran una alta inversión tecnológica. En segundo lugar, se restituye la posibilidad de dirimir conflictos en tribunales internacionales, dando así garantías de seguridad frente al temor de expropiaciones o cambios abruptos en las reglas de juego.
La infraestructura venezolana, el gigante dormido y oxidado
Venezuela posee una de las reservas más grandes de petróleo en el mundo entero. Pese a esto, su actual infraestructura no es ni la sombra de lo que en un momento fue, ahora, con tuberías corroídas, refinerías trabajando a una fracción de su capacidad y un capital humano mermado por la migración masiva.
De esta manera, la inversión necesaria para recuperar la producción y llevarla de manera sostenida por encima del millón y medio de barriles diarios, se calcula en decenas de miles de millones de dólares. Al ser una suma que, ni PDVSA ni el Estado venezolano poseen, la ley llega como una llamada de auxilio, ya que la única fuente posible es la inversión extranjera directa.
Estas discusiones, repercuten sobre la vida del ciudadano de a pie en Venezuela. Debido a que la economía venezolana es petro – dependiente, si la reforma logra atraer capitales significará un aumento en el flujo de divisas. Esto podría traducirse en uno de los escenarios más positivos, con una reducción de la inflación, recursos para mejorar los destruidos servicios públicos y mejoras en los salarios de la administración pública.