Desde Washington, el Gobierno de Estados Unidos lanzó un ultimátum a las facciones beligerantes en este conflicto. El Departamento de Estado dio a conocer un comunicado en el que Jennifer Loxita, Representante Especial Adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, aclara que «hacer la paz es la prioridad número uno de la administración Trump en Sudán del Sur».
Una terrible crisis humanitaria
Por consiguiente, Washington reclama el «cese de hostilidades inmediato» y promulga garantías para que los trabajadores de socorro humanitario accedan sin ningún tipo de obstáculo. La advertencia estadounidense no es solo retórica diplomática. Estados Unidos exige que Sudán del Sur deje de obstaculizar las operaciones de mantenimiento de la paz, trabajando por la paz verdadera, o de lo contrario se someterá a consecuencias que afectarán la ayuda estadounidense y el apoyo diplomático.
La presión estadounidense viene acompañada de una dura condena del Secretario General ante la intensificación de la violencia. Así lo ha advertido dicho organismo, ya que los civiles y los trabajadores humanitarios están pagando un «devastador precio» debido a que las operaciones de socorro son blanco de los ataques intencionados.
Las cifras de la ONU son inquietantes: cerca de 10 millones de personas, que supone más de dos tercios de la población de la nación más joven del mundo, necesitan ahora asistencia humanitaria para sobrevivir. Estas poblaciones en la zona de combate, «siguen llevando el peso del conflicto», mientras que la inseguridad y las limitaciones de los movimientos cierran el acceso al servicio básico.
El respaldo definitivo de la salud y del socorro
La situación en el terreno ya se ha vuelto insostenible para quienes tratan de ayudar. Desde finales de diciembre, la violencia se ha cebado con la infraestructura médica: al menos 11 instalaciones sanitarias han sido atacadas solo en el estado de Jonglei, interrumpiendo servicios críticos y, como es habitual, ahora se han apropiado de 12 vehículos, incluida una ambulancia.
La última semana ha sido especialmente brutal. El comunicado de la ONU recoge «reiterados ataques contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un ataque aéreo contra un hospital gestionado por la importante ONG Médicos Sin Fronteras y el incendio de una oficina local de Save the Children», además de la destrucción de su centro de salud. El Secretario General ha calificado este «claro desprecio por las operaciones médicas y humanitarias» de inaceptable.
Desplazamientos forzados y fracaso político
El estallido de la violencia ha provocado una nueva oleada de desplazamientos forzados. Según los informes, más de 370 000 personas han tenido que huir de sus hogares hasta la fecha, más de 280 000 de las cuales son únicamente personas procedentes del estado Jonglei. Esta crisis de personas desplazadas por violencia se encuentra agravada por un brote de cólera que empeora rápidamente.
El telón de fondo de esta tragedia es el fracaso político mantenido desde la separación con Jartum en 2011. A pesar del Acuerdo de Paz de 2018, la inseguridad y los combates localizados han continuado socavando de manera constante los intentos de estabilidad y recuperación, colocando la nación en un ciclo de contienda política y violencia étnica.
En función de la magnitud de la crisis, la comunidad internacional ha colocado la línea roja. Washington alerta de que frenar la paz conlleva consecuencias directas sobre la asistencia y el soporte diplomático. El Secretario General de la ONU exige frenar la situación con un cese «inmediato y decisivo» de las operaciones militares para detener el colapso humanitario en curso. En un país con millones de desplazados y con un brote de cólera, el mensaje es claro: solo un alto el fuego verdadero y el respeto al derecho internacional evitarán que la nación más reciente del mundo se desmorone del todo.