El plan de la administración Trump seguirá en marcha después de que se levantara en la corte suprema la orden judicial en su contra. El fallo de 6 – 3 suspende una orden judicial de un tribunal menor que había paralizado los despidos, cuestionando la legalidad de las decisiones tomadas por el poder ejecutivo.
La orden judicial que impedía al gobierno federal continuar con su plan de desmantelamiento, como una medida para recortar el gasto federal, se basó en una demanda colectiva de más de 20 estados, con la participación de sus sindicatos de profesores y los distritos escolares de los estados participantes.
La promesa del presidente Trump con respecto al Departamento de Educación
El congreso estableció el Departamento de Educación para gestionar la ayuda financiera para estudiantes, distribuir subvenciones a los estados para la educación k-12 y superior, y supervisar programas destinados a estudiantes vulnerables. También entre sus labores se encuentra la recopilación de datos sobre las escuelas y la aplicación de las leyes educativas federales.
Durante la campaña de Trump, argumentó que el sistema educativo estaba en la ruina y que el poder debía ser devuelto al pueblo y a los estados, haciendo la promesa de cerrar o desmantelar el Departamento de Educación. En marzo de este año el presidente Trump emitió una orden para menguar al Departamento de educación dentro de lo permitido por la ley.
Aunque el objetivo de la administración Trump es eliminar el Departamento por completo, solo el congreso posee la autoridad requerida para realizar dicha acción sobre un departamento federal. Por lo que la estrategia a seguir por la administración de Trump se está centrando en despidos masivos y la delegación de funciones principales del departamento de educación a otras agencias federales.
La intervención de la Corte Suprema para apoyar al presidente Trump
Este lunes 14 de julio, la Corte Suprema concedió la solicitud de emergencia de la administración Trump para levantar la orden judicial preliminar emitida por Myong Joun, juez de distrito de estados unidos en Boston. El falló se saldó con un resultado de 6 – 3 a favor de retirar la orden, la cual había revertido los despidos realizados, argumentando que estos paralizarían al departamento de educación.
En este tipo de solicitudes de emergencia, es habitual que la Corte Suprema no proporcione explicación para su decisión, lo que se denomina Shadow Docket (expediente en la sombra). Una de las juezas, Sonia Sotomayor criticó a la mayoría por respaldar una acción que no tiene las suficientes bases legales y revocar de esta manera decisiones de tribunales inferiores.
El fallo da luz verde a la administración Trump para seguir con su plan de recortes del presupuesto federal y despedir de esa manera a casi 1 400 empleados. La orden previa impedía la terminación completa del contrato de los empleados, los cuales se mantenían en baja remunerada desde marzo. La secretaria de educación Linda McMahon elogió la decisión afirmando que le permite al poder ejecutivo ejercer su autoridad.
Las demandas socavadas por el fallo de la Corte
El caso sobre el que se emitió la orden de revertir los despidos consolidó dos demandas que argumentaban que el plan implementado por la administración Trump representaba un cierre ilegal del departamento de educación. Los distritos escolares de Massachusetts presentaron la primera demanda en conjunto con la Federación Americana de Maestros.
La segunda acción legal fue emitida por 21 fiscales generales demócratas, cuyas acciones judiciales se basaron en detener lo que se consideró por su parte como un abuso del poder ejecutivo y una seria amenaza a la educación pública. Los demandantes argumentaron que los despidos impedirían al departamento cumplir con las obligaciones impuestas por el consejo y afectaría negativamente a la comunidad estudiantil más vulnerable.
