Con el correr de las horas, se dio a conocer que Perú se encuentra pasando una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años. Esto viene de la mano de que la delincuencia organizada, las extorsiones y los homicidios se convirtieron en diversas regiones en zonas de alto riesgo.
En lo que respecta a la investigación que realizaron desde el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) notificaron que más de 2000 personas perdieron la vida por la violencia en lo que va de 2024, lo que representa un incremento del 34% en comparación con el año anterior. En este momento se trata de una situación preocupante que viven los ciudadanos y por esto el gobierno tomó cartas en el asunto.
Por último, un dato clave a tener en cuenta es que el temor de la población crece día a día, en especial en Lima Metropolitana y la provincia de Callao, que son de los lugares más afectados por los crímenes en el país. Sin embargo, la inseguridad alcanzó un punto crítico, con bandas organizadas que operan de manera impune y un sistema penitenciario colapsado, así la presidenta Dina Boluarte debió tomar decisiones de emergencia.
Una decisión necesaria por parte del Ejecutivo de Perú
Sin dudas, el 17 de marzo de 2025, quedará marcado en la memoria de los peruanos, ya que el Ejecutivo debió decretar el estado de emergencia en Lima y Callao, con una duración de 30 días. Esta medida fue publicada en la gaceta oficial “El Peruano”, en donde indican que le otorga a la Policía Nacional el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas que sean necesarias.
Por su parte, este despliegue tiene como objetivo contener la escalada de violencia y restablecer la seguridad ciudadana. Este accionar de la administración, despertó un debate en la esfera política; mientras algunos sectores consideran que es una acción necesaria, otros critican por sus implicaciones en los derechos civiles.
Hasta el momento, la declaración del estado de emergencia permite la restricción de libertades como el derecho al libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio (la ONU cuestiona actuaciones en un país específico), lo que despertó preocupaciones en organismos de derechos humanos y en la oposición política. De todas formas, la falta de acción efectiva por parte del Ministerio del Interior fue el detonante de una ola de críticas hacia el Gobierno.
Detonante de la crisis tras el asesinato del cantante Paul Flores
En un hecho lamentable para Perú, el vocalista del grupo de cumbia Armonía 10, Paul Flores, fue brutalmente asesinado el 16 de marzo cuando el autobús de la agrupación fue atacado a balazos por sicarios en la autopista de Lima. Esto desató la decisión de medidas drásticas por parte del Gobierno debido al nivel de conmoción que desató en el país y por el grado de impunidad con el que operan las mafias.
Medios locales informaron que Armonía 10, al igual que otras agrupaciones musicales, había sido víctima de extorsiones (expresidente de Perú, inicia huelga). En ese sentido, las bandas criminales les exigían pagos de hasta 20.000 soles (aproximadamente 5.300 dólares) a cambio de «protección», una práctica delictiva en auge por parte de la mafia en Perú.
Tras generarse una fractura en el Congreso por este hecho, en donde se incluyen partidos de derecha y de la izquierda, tomaron la posta y pidieron la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a quien consideran ineficaz en la lucha contra el crimen. La opositora Susel Paredes confirmó que reunió las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro, lo que podría derivar en su destitución en los próximos días.
