El día de hoy, el estado de California con representación del fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newson, presentarán una demanda contra la administración del presidente Donald Trump y el Secretario de Defensa Pete Hegseth. La demanda se ocasiona a raíz del despliegue de tropas en Los Angeles, contando con la guardia nacional y los Marines, medida que desde el gobierno estatal calificaron de ilegal e inconstitucional.
“Los estados tienen derechos”, fueron las declaraciones de Rob Bonta, en referencia a las acciones del presidente Trump, el cual justificó en la sección 12406 del título 10 del código de los estados unidos, afirmando la existencia de una rebelión que requería intervención militar, algo que desde la administración de Newson negaron enfáticamente.
Un despliegue unilateral como el detonante de la demanda
El despliegue de tropas se realizó como respuesta a las protestas masivas que surgieron por la intensificación de las redadas migratorias. Si bien la mayoría de las protestas fueron pacíficas, se reportaron incidentes aislados de violencia y vandalismo, en respuesta a estos incidentes el presidente Trump ordenó el despliegue de 2 mil efectivos de la guardia nacional, número que ascendió a un total de 4100 este lunes.
Desde el inicio, ambas administraciones se posicionaron en puntos opuestos. El presidente Trump justificó la movilización de tropas argumentando la necesidad de reestablecer el orden y salvar la ciudad de los Angeles, California. Sin embargo, la administración estatal sostuvo que los incidentes violentos ocurridos durante las protestas fueron controlados velozmente por la policía local, haciendo innecesaria la intervención federal.
El gobernador Gavin Newson calificó el despliegue de tropas como un saboteo a la soberanía del estado de California. Acusó a Trump de querer generar caos y violencia, además de responder directamente a la sugerencia de arresto del presidente de forma desafiante, incitando al presidente a cumplir con lo dicho. También fue crítico con las condiciones de los soldados al momento del despliegue careciendo de suministros, combustible y alojamiento.
Desde California confían en la validez de su demanda
California argumenta que la ley y la constitución han sido quebrantadas. En primer lugar, desde el gobierno estatal sostienen que el despliegue de la guardia federal sin el consentimiento del gobernador constituye una violación grave de la décima enmienda de la constitución, que reserva a los estados los poderes no delegados al gobierno federal.
Otro punto de suma importancia es la alegación a la falta de consentimiento por parte del gobernador Newson, el estado afirma que las órdenes de federalización de la guardia federal deben ser emitidas por el gobernador, el cual no dio ningún consentimiento y no tuvo ni siquiera oportunidad de hacerlo antes del despliegue de las tropas.
Además, desde california alegan que no existía una rebelión que justificara la federalización de la guardia nacional. Se sostiene que, desde el departamento de policía de los ángeles y el departamento del sheriff del condado, había recursos suficientes y capacidad para gestionar las protestas en curso y responder a los posibles incidentes de vandalismo.
Un precedente potencialmente peligroso y un proceso litigio en progreso
El Gobernador Newsom ha declarado que la orden de Trump no solo se aplica a California. Sino que le permitirá ir a cualquier estado y hacer lo mismo. Esta afirmación sugiere que la demanda es una medida proactiva diseñada para establecer una barrera legal vinculante contra futuras intervenciones federales unilaterales similares en otros estados, independientemente de su alineación política.
California ha solicitado a la corte una orden judicial que declare ilegal la federalización de la Guardia Nacional por parte de la administración Trump, argumentando que excede la autoridad presidencial. Además, el estado ha pedido una medida cautelar para detener el despliegue de las tropas federales y exigir que el control de la Guardia Nacional de California sea devuelto al mando del Gobernador Newsom.