El estudio, que ha publicado sus recomendaciones el pasado miércoles, propone una deducción fiscal de hasta el 50% del coste laboral de este tipo de servicios, incluyendo la venta de productos de segunda mano. Esto reduciría el precio total pagado por los hogares en un 35%, afirman los redactores del estudio.
La medida podría costar al Gobierno hasta 180 millones de euros al año en pérdidas de ingresos fiscales.
En Suecia, según el informe, al menos el 98% de lo que consumen en productos los hogares se gasta en nuevas compras. “Hoy en día es más barato comprar nuevos productos que repararlos o utilizar otros servicios que los sustituyan. Esta diferencia de precios es el obstáculo que pretendemos solventar con esta propuesta”, dijo Ola Alterå, quien ha dirigido la investigación. La medida podría crear unos 10.000 puestos nuevos de trabajo, de acuerdo con el investigador.
El Gobierno encargó el estudio, en enero de 2016, con el objetivo de analizar instrumentos políticos que ofrecieran a productores y consumidores incentivos para impulsar el comercio de productos usados y estimular su reparación y actualización.
El mismo informe señala que mientras diferentes actores suecos, desde las principales compañías a las organizaciones no gubernamentales, han puesto en marcha muchas iniciativas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, el país no está considerado como uno de los líderes en el desarrollo de una economía circular.
“Sin duda falta establecer unos objetivos ambiciosos y un contexto estratégico”, concluye al respecto el estudio. Asimismo, se insta al Gobierno a que asuma el liderazgo y nombre una delegación con representantes de alto nivel para establecer objetivos y facilitar la colaboración en relación con las iniciativas que se emprendan.
Otras recomendaciones recogidas en el estudio son la definición clara de responsabilidades en materia de prevención de residuos y el fortalecimiento del derecho de los consumidores a quejarse de productos que no cumplan con unos estándares mínimos de calidad (ampliación del periodo de garantía).
“Estas propuestas legislativas, sin duda, no bastan. Aunque otros problemas urgentes, por ejemplo, en relación con el diseño del producto, están mejor resueltos en el ámbito de la UE”, señaló Alterå.
El Gobierno de este país tendrá en consideración estas recomendaciones a la hora de presentar potenciales propuestas al Parlamento, donde las medidas pueden obtener un amplio respaldo, de acuerdo con el investigador.
Ecoportal.net
Economía Circular
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