Uruguay

Con el proyecto aprobado en Diputados y ahora a consideración del Senado, el gobierno está lanzando sus últimos cartuchos para justificar una ley de minería de gran porte que ha quedado atada sin remedio al proyecto minero de Aratirí, que perdió el apoyo multipartidario que había logrado en 2011 y enfrenta una creciente resistencia en amplios sectores de la población.

La irrupción de proyectos de minería metalífera a cielo abierto en gran escala en un país de economía agropastoril, donde no existen yacimientos de gran concentración ni de grandes volúmenes y donde los impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva serían de gran magnitud, ha generado un movimiento social de resistencia sin precedentes en Uruguay, en el que se está desarrollando un nuevo concepto de ciudadanía.

Tercera "Marcha Nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales" con una participación que triplicó la asistencia de la primera. Cerca de 200 jinetes, una docena de carros del sindicatos de clasificadores (Ucrus), tres tractores, decenas de organizaciones sociales y miles de personas de a pie (entre 5 y 8 mil de acuerdo a distintas estimaciones) marcharon en la tarde de ayer por la Avenida 18 de Julio, desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia.

A nivel global se estima que las plantaciones industriales de árboles han cuadruplicado su superficie, sobre todo en los países del Sur, donde los actores involucrados en el negocio encuentran condiciones más favorables.

La recolección de voluntades, se dirigirá al Intendente (alcalde), a la Junta Departamental (parlamento local) y a los Diputados Nacionales electos por el departamento para que aprueben las normativas que permitan declarar “reserva ambiental” el territorio rural y a texto expreso establezcan una prohibición de la minería metalífera a cielo abierto.

Alertan sobre los impactos negativos de esa obra sobre el medio ambiente y el turismo de la región y carece de la justificación básica de cualquier puerto, las cargas potenciales para transportar, que se reducen a la producción de hierro de Aratirí, cuando este proyecto no ha sido aprobado y enfrenta gran resistencia social.

A horas de llegar a Cerro Largo, el presidente de la República, José Mujica, confirmó que una nueva planta de celulosa se instalará en el país en los próximos años.

En Uruguay el derecho humano al agua y la gestión sustentable y participativa de las cuencas hidrográficas han sido consagrados en la Constitución Nacional. Sin embargo, monocultivos forestales y agrícolas, así como un número creciente de proyectos mineros amenazan ese logro popular de 2004.

En agosto del 2008 la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) llevó a cabo el plan llamado “A todas luces” que consistió en distribuir lámparas de “bajo consumo” entre sus clientes. Dicho plan se implementó en el marco de las políticas de promoción del uso “eficiente” de la energía eléctrica.

Nuevamente el Gabinete Nacional de Bioseguridad, división perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, informó acerca de una consulta pública sobre la autorización de nuevas semillas transgénicas. Los interesados en participar de la misma tuvieron plazo hasta el 24 de este mes.