En el marco de un nuevo paso en la política de aislamiento, el gobierno de Nicaragua tomó una decisión en donde reforzó su tendencia a alejarse de los organismos internacionales. Mientras surgió una nueva misiva oficial, el ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, anunció la salida inmediata del país de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Para ponernos en contexto, es necesario aclarar que esta acción se suma a la retirada de otras entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tal como sucedió con la renuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en meses recientes.
Por otro lado, la determinación fue bajo el pretexto de un ejercicio de soberanía, con el argumento de que el tribunal perdió su propósito original. En ese sentido, el transfondo revela tensiones con varios países de la región y un creciente aislamiento en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Aunque el gobierno argumenta razones de soberanía e ineficacia del tribunal, el trasfondo revela una estrategia de aislamiento.
La justificación de la salida de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia
Desde el lado del gobierno nicaragüense, criticó la integración de la Corte Centroamericana de Justicia, haciendo hincapié en que a lo largo de sus 31 años de existencia, solo estuvo conformada por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Pese a que otros países como Belice, Guatemala, Panamá y República Dominicana lograron aprobar su estatuto, no materializaron su integración efectiva en el tribunal.
En lo que respecta a la administración de Daniel Ortega, sostiene que esta falta de representatividad impide el cumplimiento del objetivo de la corte como un organismo regional (otro conflicto que saca a miles de israelíes a manifestarse). También sostienen que las decisiones de la CCJ están influenciadas por el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, el cual no pertenece al SICA, desatando una desconexión con la estructura oficial de integración en la zona.
Con un tribunal ya debilitado por la falta de participación de varios países, esta decisión reduce su legitimidad y pone en duda su efectividad como instancia de resolución de disputas (este país retrocede en el índice de corrupción). Además, este alejamiento refuerza la estrategia de Ortega de reducir la influencia de organismos internacionales sobre Nicaragua.
Punto de quiebre ante la negativa a Denise Moncada
Sin ninguna duda, al precipitar la decisión que genera este momento crítico ante la negativa de cuatro países del SICA a la candidatura del excanciller nicaragüense Denis Moncada como secretario general del organismo. Sin embargo, esta oposición fue remarcada como una maniobra política en contra del gobierno de Ortega, lo que llevó a Nicaragua a buscar otros mecanismos de presión.
Cabe mencionar que el rechazo a Moncada también sucede por un conflicto que abarca más aristas dentro del SICA, porque desde noviembre de 2023 la Secretaría General del organismo se encuentra vacante. De todas formas, Nicaragua impulsó la postulación de Moncada tras la renuncia de Werner Vargas, quien había sido elegido para el período 2022-2026 con respaldo del gobierno actual. Ante la falta de consenso en torno a la elección del nuevo secretario general, profundizó la crisis en el sistema de integración regional.
Además, este alejamiento tiene como estrategia, por parte de Ortega, la capacidad de reducir la influencia de organismos internacionales sobre Nicaragua. Al mismo tiempo, genera incertidumbre sobre el futuro de la cooperación regional en temas legales y de derechos humanos. La ausencia de un marco común de justicia podría dificultar la resolución de conflictos entre los países miembros y limitar la capacidad del SICA para actuar de manera coordinada ante problemas regionales.
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